El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, y la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, descartaron someterse a pruebas de polígrafo como condición para participar en espacios de coordinación de la Fuerza Élite promovida por el Gobierno de la República.
La posición fue dada a conocer luego de que la presidenta Laura Fernández estableciera este mecanismo como parte de los requisitos para quienes formen parte de las reuniones de trabajo vinculadas con temas de seguridad nacional y combate al crimen organizado.
Poder Judicial argumenta razones de independencia
De acuerdo con la información divulgada, ambos magistrados consideran que su condición de jueces les obliga a mantener una posición de independencia frente a procedimientos que eventualmente podrían llegar a ser objeto de análisis judicial.
Desde el Poder Judicial se indicó que tanto Aguirre como Solano podrían conocer recursos, procesos o controversias relacionadas con el uso del polígrafo, por lo que consideran improcedente participar en evaluaciones de esa naturaleza.
La institución subrayó que el trabajo de los jueces debe desarrollarse siempre bajo los principios constitucionales, el debido proceso y el respeto de los derechos fundamentales.
Respetan la iniciativa del Ejecutivo
Aunque rechazaron aplicarse la prueba, las autoridades judiciales señalaron que respetan la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo en el marco de sus políticas de control interno y seguridad.
No obstante, recalcaron que la función jurisdiccional exige mantener distancia respecto de mecanismos que eventualmente podrían formar parte de futuros análisis o resoluciones judiciales.
Damaris Vargas sí estaría dispuesta
A diferencia de sus colegas, la magistrada Damaris Vargas manifestó que no tendría inconveniente en someterse a una prueba de polígrafo.
Según explicó, anteriormente ha participado en procesos institucionales que incluían evaluaciones similares, por lo que no observa impedimentos para realizarla.
Debate sobre el uso del polígrafo
La discusión surge en momentos en que el Gobierno impulsa una estrategia de controles de confianza dentro de instituciones vinculadas con la seguridad nacional.
Recientemente, la presidenta Laura Fernández informó la destitución de siete directores policiales que no aprobaron evaluaciones de polígrafo aplicadas bajo la coordinación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
El tema ha generado opiniones divididas entre distintos sectores, especialmente sobre la validez, alcance y uso de este tipo de herramientas dentro de la administración pública y los procesos de seguridad del Estado.
