La presidenta de la República, Laura Fernández, presentó ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa un ambicioso proyecto de ley que busca transformar profundamente el sistema penitenciario costarricense mediante medidas más estrictas para las personas privadas de libertad.
La iniciativa contempla desde la obligación de trabajar dentro de los centros penales hasta la eliminación de beneficios carcelarios para quienes hayan sido condenados por delitos de alta gravedad.
Trabajo obligatorio para personas privadas de libertad
Uno de los ejes centrales de la propuesta establece que los reclusos deberán participar en actividades laborales mientras cumplen sus condenas.
La medida abarcaría tanto los centros penales para adultos como la cárcel juvenil Zurquí, con el objetivo de reducir el ocio dentro de las prisiones y promover una cultura de responsabilidad durante el cumplimiento de las penas.
Según la propuesta, el trabajo penitenciario formaría parte de los procesos de disciplina, formación y reinserción social.
Uniformes e identificación numérica
El proyecto también plantea cambios significativos en la forma en que se identifican los privados de libertad dentro de las cárceles.
La iniciativa propone el uso obligatorio de uniformes institucionales y la asignación de un número de identificación para cada persona privada de libertad.
Con esta medida, la identificación interna se realizaría mediante códigos numéricos, fortaleciendo los mecanismos de control y seguridad dentro de los centros penitenciarios.
Delitos que perderían beneficios carcelarios
Otro de los puntos más fuertes del proyecto busca restringir de manera absoluta diversos beneficios penitenciarios para personas condenadas por delitos considerados de alto impacto social.
Entre los delitos incluidos figuran:
- Homicidios.
- Sicariato.
- Violación.
- Terrorismo.
- Asaltos.
- Tráfico internacional de drogas.
- Venta de drogas.
- Portación ilegal de armas de fuego.
- Corrupción cometida por funcionarios públicos.
La propuesta pretende que quienes sean condenados por estas conductas cumplan sus sentencias sin acceso a beneficios que permitan reducir el tiempo efectivo de prisión.
Antecedentes penales permanentes para delitos graves
La reforma también incorpora disposiciones relacionadas con los antecedentes penales de ciertos condenados.
Según la iniciativa, las personas sentenciadas por delitos como sicariato, terrorismo o violación mantendrían de forma permanente el registro de dichas condenas, evitando que esos antecedentes desaparezcan con el paso del tiempo.
El objetivo es que la gravedad de estos delitos quede reflejada de manera permanente en los historiales judiciales correspondientes.
Debate llegará a la Asamblea Legislativa
La propuesta forma parte del paquete de reformas de seguridad impulsado por la administración Fernández y ahora deberá iniciar su proceso de análisis y discusión en el Congreso.
De aprobarse, representaría uno de los cambios más profundos en materia penitenciaria de las últimas décadas, endureciendo las condiciones para los delincuentes condenados por los delitos más graves y modificando aspectos fundamentales del funcionamiento de las cárceles costarricenses.
