El sistema penitenciario costarricense se prepara para uno de los cambios más significativos de las últimas décadas. El Ministerio de Justicia y Paz anunció la implementación obligatoria de uniformes institucionales para las personas privadas de libertad, una medida que busca fortalecer la seguridad, mejorar el control interno y transformar la convivencia dentro de los centros penales.
La iniciativa pone fin a una práctica histórica que permitía a los reclusos utilizar ropa civil dentro de las cárceles del país.
Cada privado de libertad recibirá dos uniformes
Según informó el Gobierno, cada persona privada de libertad contará con dos uniformes oficiales que serán de uso obligatorio dentro de los centros penitenciarios.
Las autoridades consideran que la estandarización de la vestimenta permitirá un mejor control por parte de la Policía Penitenciaria y facilitará la identificación de los internos durante las labores de vigilancia y supervisión.
Además, la medida busca reducir riesgos relacionados con intentos de fuga y fortalecer los protocolos de seguridad en los diferentes complejos penitenciarios.
Menos espacios para ocultar objetos prohibidos
Uno de los principales argumentos del Ministerio de Justicia es que la restricción del ingreso de ropa civil permitirá disminuir las posibilidades de ocultar artículos prohibidos dentro de las cárceles.
Las autoridades consideran que el uso de prendas personales dificulta algunas labores de inspección y puede facilitar el almacenamiento de objetos ilícitos.
Con la utilización de uniformes estandarizados se pretende simplificar los procesos de requisa y fortalecer los mecanismos de control interno.
Buscan eliminar diferencias entre reclusos
Más allá del componente de seguridad, el Gobierno sostiene que la medida también tiene un objetivo relacionado con la convivencia dentro de los centros penales.
Según explicó el Ministerio de Justicia, la utilización de ropa de marca o prendas de alto valor económico ha contribuido durante años a generar diferencias de estatus entre algunos privados de libertad.
Con el uniforme obligatorio se pretende eliminar esas distinciones y reducir dinámicas asociadas a jerarquías, poder económico o conflictos derivados de la apariencia personal dentro de los módulos.
También analizan cambiar nombres de las cárceles
Paralelamente, las autoridades trabajan en un proyecto para modificar la nomenclatura de varios centros penitenciarios del país.
La intención es modernizar la forma en que se identifican los complejos carcelarios y adaptar la terminología utilizada por el sistema penitenciario nacional.
No obstante, cualquier cambio de nombre deberá ser analizado y aprobado por la Comisión de Nomenclatura del Instituto Geográfico Nacional antes de su eventual implementación.
Con estas iniciativas, el Ministerio de Justicia busca impulsar una transformación estructural del sistema penitenciario costarricense, enfocada en reforzar la seguridad, mejorar la administración de los centros penales y modificar algunas de las dinámicas tradicionales dentro de las cárceles del país.
