Organizaciones y familiares de privados de libertad cuestionan las restricciones impuestas por Justicia y aseguran que afectarán la alimentación de los reclusos.
Nuevas medidas en cárceles generan fuerte reacción
Las recientes restricciones anunciadas por el Ministerio de Justicia y Paz continúan generando controversia entre familiares de personas privadas de libertad y organizaciones que trabajan con esta población.
Los cuestionamientos surgieron tras la decisión de prohibir el ingreso diario de alimentos mediante encomiendas, medida que entró en vigencia esta semana como parte de una estrategia para reforzar la seguridad en los centros penitenciarios.
Organizaciones hablan de “tortura alimentaria”
Rafael Ángel García aseguró que las nuevas disposiciones agravan las condiciones de los reclusos y calificó la situación como una forma de “tortura alimentaria”.
Según manifestó, la alimentación brindada por el sistema penitenciario no sería suficiente en cantidad ni calidad, por lo que las encomiendas representan un apoyo importante para muchas personas privadas de libertad.
Familiares cuestionan impacto de la medida
Las críticas también fueron respaldadas por familiares de internos que afirman que muchos reclusos dependen de los alimentos que reciben durante las visitas.
Paula Porras, integrante de una organización de apoyo a esta población, señaló que las encomiendas complementan la alimentación diaria y ayudan a reducir los períodos prolongados sin acceso a comida.
Asimismo, indicó que algunas personas privadas de libertad han reportado pérdida de peso debido a las condiciones alimentarias dentro de los centros penales.
Preocupación por condiciones del sistema
Valeria Rodríguez, familiar de un recluso, aseguró que las nuevas disposiciones han provocado incertidumbre entre la población penitenciaria.
Además, criticó el estado del sistema carcelario y sostuvo que existen problemas relacionados con hacinamiento y limitaciones de recursos que afectan el acceso a alimentos dentro de los centros de detención.
Justicia defiende restricciones
Por su parte, el Ministerio de Justicia sostiene que las medidas responden a la necesidad de fortalecer el control penitenciario.
Según datos oficiales, entre enero y mayo ingresaron aproximadamente 158 mil encomiendas a las cárceles del país, cuya revisión requería hasta 200 oficiales penitenciarios por día.
El ministro Gabriel Aguilar Vargas afirmó que las encomiendas han sido utilizadas para introducir drogas y facilitar actividades comerciales irregulares dentro de los centros penales.
Debate continúa abierto
Las nuevas disposiciones también incluyen restricciones al ingreso de ropa y otros artículos personales.
Mientras las autoridades defienden las medidas como una herramienta para reforzar la seguridad, organizaciones y familiares insisten en que podrían afectar las condiciones de vida de miles de personas privadas de libertad.
La discusión continúa generando posiciones encontradas sobre el equilibrio entre control penitenciario y derechos humanos.
