UCR da marcha atrás: el acuerdo de «no represalias» con los estudiantes ya no es válido
San José — El Consejo Universitario de la UCR aprobó este miércoles de forma unánime un acuerdo que revierte los compromisos de «no represalias académicas, administrativas, disciplinarias o judiciales» que la institución había pactado con el Movimiento Estudiantil Autónomo como condición para la entrega del Edificio Administrativo B el 13 de mayo.
El nuevo acuerdo es claro: los pronunciamientos anteriores «no avalan, justifican ni exoneran de responsabilidad algún hecho individualizable que pudiera constituir falta disciplinaria, daño patrimonial, delito, acto de vandalismo, coacción, violencia, afectación de bienes públicos o afectación del servicio público universitario.»
Los daños que detonaron el giro
La Rectoría quedó formalmente instruida para activar la vía administrativa y judicial contra los responsables individualizables de los daños constatados en el edificio durante los 21 días de ocupación: grafitis generalizados, ventanales afectados, mobiliario dañado, llavines forzados, cámaras de seguridad inutilizadas y afectaciones al cableado de fibra óptica y al sistema contra incendios.
El ciudadano que forzó el cambio
La rectificación del Consejo Universitario ocurre ocho días después de que el abogado Luis Carlos Núñez Herrera, vecino de Desamparados, presentara un oficio formal al Consejo con copias a la Contraloría General, la Contraloría Universitaria, la Rectoría y la Asamblea Legislativa.
En ese documento, Núñez Herrera advirtió que la UCR no puede renunciar anticipadamente al ejercicio de potestades sancionatorias que el ordenamiento jurídico le atribuye con carácter de orden público, y que comprometerse a no denunciar hechos posiblemente delictivos podría implicar incumplimiento de deberes de los propios integrantes del Consejo.
Lo que viene ahora
La Oficina Jurídica y la Contraloría Universitaria deben rendir informes de cuantificación de daños y de posibles medidas disciplinarias o judiciales. El MEA, que daba por firme el acuerdo de no represalias, deberá decidir si interpreta el giro como un incumplimiento de lo pactado en las cinco sesiones de negociación del 4 al 12 de mayo, o asume que el respaldo institucional nunca alcanzó conductas que excedieran el cauce pacífico de la protesta.
