El Gobierno de Costa Rica anunció un endurecimiento en las reglas dentro del sistema penitenciario, luego de que el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, confirmara la entrada en vigencia de un nuevo decreto que modifica la forma en que los privados de libertad podrán acceder a beneficios y descuentos en sus condenas.
La medida busca imponer mayores controles dentro de las cárceles y limitar las posibilidades de reducción de penas a quienes no participen activamente en programas de trabajo o estudio supervisados.
Según explicó el jerarca, la intención es cerrar lo que el Ejecutivo considera “portillos” que permitían a algunos reclusos obtener rebajas sin demostrar un esfuerzo constante dentro del sistema penitenciario.
“Si un privado de libertad quiere rebajar su condena, tiene que ganárselo”, afirmó Aguilar al defender el decreto impulsado por el Ministerio de Justicia y Paz.
Uno de los puntos que más cambios introduce es la obligación de que el trabajo realizado por los reclusos sea formal, controlado y registrado. De acuerdo con las nuevas disposiciones, las jornadas deberán tener supervisión y cumplimiento comprobable para que puedan ser tomadas en cuenta en los descuentos de pena.
Además, el ministro dejó claro que actividades como artesanías, literatura o expresiones artísticas ya no serán consideradas automáticamente como trabajo válido bajo las mismas condiciones que labores formales o procesos educativos.
La administración asegura que con esta reforma pretende fortalecer el carácter disciplinario de los centros penales y evitar lo que califican como excesos en beneficios otorgados en años anteriores.
Otro de los cambios importantes tiene relación con el acceso al régimen de confianza. A partir de ahora, los privados de libertad deberán cumplir obligatoriamente al menos una tercera parte de la condena antes de solicitar un cambio de modalidad.
La decisión revierte criterios anteriores que, según el Gobierno, permitían que algunos sentenciados accedieran demasiado rápido a condiciones menos restrictivas.
Aguilar incluso cuestionó casos donde personas condenadas a largas penas podían optar por beneficios tras pocos años de cárcel, situación que calificó como “desproporcionada”.
Las nuevas reglas también establecen que cumplir el tercio de la condena no garantizará automáticamente el traslado a un régimen de menor seguridad. Cada caso será sometido a evaluaciones técnicas y análisis de riesgo antes de aprobar cualquier cambio.
El Ministerio de Justicia sostiene que el objetivo es garantizar que quienes obtengan beneficios no representen una amenaza para la sociedad.
Con este decreto, el Gobierno busca enviar un mensaje de mano dura en momentos donde la seguridad y el combate contra la criminalidad se mantienen entre las principales preocupaciones del país.
