El Senado de Filipinas vivió horas de máxima tensión este miércoles luego de que se registraran disparos durante un operativo policial destinado a capturar al senador Ronald “Bato” dela Rosa, exjefe de la Policía Nacional y uno de los principales rostros de la polémica guerra contra las drogas impulsada por el expresidente Rodrigo Duterte.
La situación obligó a evacuar periodistas, funcionarios y trabajadores del segundo piso del edificio legislativo, mientras unidades de seguridad rodeaban la sede parlamentaria fuertemente armadas. Medios locales reportaron que se escucharon al menos diez detonaciones dentro del complejo, aunque hasta ahora las autoridades aseguran que no se reportan heridos ni fallecidos.
El episodio ocurre en medio de una creciente presión internacional contra figuras vinculadas a la violenta campaña antidrogas aplicada en Filipinas entre 2016 y 2022, un periodo marcado por denuncias de ejecuciones extrajudiciales y abusos de poder.
El senador permanece atrincherado
Ronald dela Rosa permanece refugiado dentro del Senado desde inicios de semana, luego de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de captura en su contra. El legislador aseguró públicamente que no piensa entregarse y argumentó que aún cuenta con recursos legales para defenderse.
Durante el operativo, el propio senador publicó mensajes en redes sociales asegurando que el Senado estaba “siendo atacado” y solicitó ayuda pública. Poco después, autoridades legislativas intentaron bajar la tensión afirmando que todas las personas dentro del edificio se encontraban a salvo.
Imágenes difundidas por medios filipinos mostraron a policías con chalecos antibalas, cascos y armas largas dentro de las instalaciones, mientras seguidores del expresidente Duterte se concentraban en los alrededores del Congreso.
Acusaciones por miles de muertes
La Corte Penal Internacional acusa a dela Rosa de haber tenido un papel clave en la llamada guerra contra las drogas, una estrategia de seguridad que dejó miles de personas muertas durante el gobierno de Rodrigo Duterte.
Según cifras oficiales filipinas, alrededor de 6.000 personas murieron durante operativos policiales. Sin embargo, organizaciones internacionales de derechos humanos estiman que la cifra real podría superar las 30.000 víctimas.
La CPI sostiene que el senador, cuando dirigía la Policía Nacional, promovió públicamente una política que incentivaba las ejecuciones y facilitaba mecanismos para justificar las muertes como supuestos actos de defensa propia.
El caso tomó aún más relevancia internacional después de la captura y traslado de Duterte a La Haya, donde enfrenta procesos relacionados con crímenes contra la humanidad.
Un país dividido por la guerra antidrogas
La crisis política y judicial ha vuelto a dividir a Filipinas. Mientras sectores defensores de derechos humanos celebran la intervención de la justicia internacional, simpatizantes de Duterte consideran que las acusaciones representan una persecución política contra quienes impulsaron medidas extremas para combatir el narcotráfico.
Dela Rosa sigue siendo una figura influyente dentro de la política filipina y conserva respaldo entre grupos que apoyan la línea dura contra la delincuencia.
El Senado permanece bajo fuerte vigilancia mientras continúa la incertidumbre sobre si las autoridades lograrán ejecutar la orden de arresto sin provocar una escalada mayor de violencia institucional.
