CRHoy tuvo acceso a un informe legislativo confidencial que describe algo perturbador: el diputado de Nueva República Fabricio Alvarado habría acorralado repetidamente a la exdiputada Marulin Azofeifa en despachos cerrados para tocarla sin su consentimiento, forcejear con ella e intentar quitarle la ropa.
El documento lo firmó la diputada independiente Johana Obando y corresponde al informe afirmativo de minoría de la Comisión Especial que investigó al legislador por presunto hostigamiento sexual. Su conclusión es contundente: no fue un hecho aislado sino un patrón sostenido en el tiempo, agravado por la posición de poder que Alvarado ejercía sobre ella.
Lo que ocurría a puerta cerrada
Según el informe, los episodios se repetían después de reuniones laborales o políticas, siempre en espacios privados y sin testigos. Alvarado presuntamente la abrazaba sin permiso, le tocaba partes íntimas y le sujetaba el rostro para besarla a la fuerza mientras ella intentaba zafarse.
La propia redacción del documento no deja espacio para la ambigüedad: la denunciante «forcejeaba para defenderse» mientras el diputado intentaba quitarle la ropa.
Tres voces que respaldan a Azofeifa
El exasesor Guido Campos contó que estas situaciones se repetían al menos dos veces al mes. En una ocasión vio a Azofeifa salir del despacho visiblemente alterada y con la camisa desabotonada.
La psicóloga Alejandra Cruz indicó que durante el proceso terapéutico, la denunciante describió un cuadro compatible con estrés postraumático producto de las conductas no consentidas que vivió.
La madre de Azofeifa, Bernarda Trejos, fue más directa: su hija le confesó que el diputado «la forzaba para besarla y tocar sus partes íntimas.»
La recomendación que llega al Plenario
El informe establece que los hechos se extendieron desde el 2018 hasta después de que Azofeifa dejó su curul y pasó a trabajar como asesora legislativa, siempre bajo la influencia directa de Alvarado, quien incluso firmaba sus evaluaciones de desempeño.
La conclusión del documento recomienda al Plenario Legislativo sancionarlo con una amonestación ética pública, proteger a la denunciante para evitar su revictimización y fortalecer los mecanismos internos de denuncia en la Asamblea.
El informe será remitido al Plenario, que tendrá la última palabra.
