El panorama judicial y de derechos humanos en los Estados Unidos acaba de sufrir una sacudida tectónica. En una decisión que levantará roncha en la comunidad internacional, el Departamento de Justicia estadounidense anunció este viernes la ampliación oficial de los métodos aprobados para aplicar la pena de muerte a nivel federal. Las opciones ahora incluyen prácticas consideradas medievales por diversas ONG: la electrocución, el gas letal y los pelotones de fusilamiento.
Para una Costa Rica que abolió el castigo capital en 1882 bajo el mandato de Tomás Guardia, comprender este retroceso requiere analizar el tenso ajedrez político que se vive actualmente en los pasillos de Washington.
Análisis Político: El choque frontal entre Trump y el legado de Biden
Desde la perspectiva del análisis legislativo estadounidense, la pena de muerte opera en dos carriles: el estatal (donde cada estado decide sus leyes) y el federal (reservado para delitos que atentan contra la nación).
El actual Fiscal General interino, Todd Blanche, no se guardó nada en su comunicado oficial. En un claro ataque a la administración demócrata previa, Blanche sentenció que el gobierno anterior «incumplió su deber de proteger al pueblo al negarse a implementar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos». Con la bendición de Donald Trump, quien en su segundo mandato prometió mano dura contra los «crímenes más viles», el Departamento de Justicia retoma una postura implacable.
Esta medida es una reacción directa al último movimiento del expresidente Joe Biden. Apenas en enero de 2025, antes de abandonar la Casa Blanca, el líder demócrata —un férreo opositor a la pena de muerte— conmutó la sentencia de 37 de los 40 reos que esperaban su ejecución federal. Ahora, la administración Trump busca enviar un mensaje disuasorio contundente, recordando que durante su primer periodo (en 2020) rompió una pausa de 17 años al ejecutar a 13 reos en apenas seis meses, un récord no visto en más de un siglo.
El escalofriante catálogo de la muerte
La reactivación de estos métodos no es puramente simbólica; responde a los constantes problemas que han tenido las autoridades penitenciarias para conseguir los fármacos necesarios para la inyección letal, debido al boicot de las farmacéuticas europeas. Ante la escasez, EE. UU. mira hacia el pasado:
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Hipoxia por nitrógeno: Un método de asfixia que bombea gas puro a una mascarilla. Aunque dos estados lo usaron recientemente, la ONU lo ha condenado internacionalmente, catalogándolo como un trato cruel e inhumano que roza la tortura.
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Pelotón de fusilamiento: Actualmente, cinco estados lo autorizan en papel, pero solo Carolina del Sur lo ha llevado a la práctica en la era moderna.
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Silla Eléctrica: Nueve jurisdicciones aún la mantienen vigente, aunque no se jala la palanca eléctrica desde el año 2020.
¿Quiénes siguen en la lista negra federal?
Pese a que 23 estados gringos han abolido la pena de muerte en su territorio y otros tres (California, Oregón y Pensilvania) la tienen congelada, el gobierno federal mantiene su propio corredor de la muerte.
Los tres hombres que no alcanzaron el perdón de Biden y que ahora enfrentan la posibilidad real de ser fusilados, gaseados o electrocutados, son figuras que marcaron las páginas más oscuras del terrorismo doméstico en EE. UU.: uno de los terroristas responsables del atentado del maratón de Boston (2013), el supremacista blanco que masacró a nueve feligreses afroamericanos en una iglesia de Charleston (2015), y el tirador antisemita que asesinó a 11 personas en una sinagoga de Pittsburgh (2018).
Hoy, el debate está servido. Mientras Washington defiende la medida como un acto de «justicia suprema» para las víctimas, el mundo observa con estupor cómo la primera potencia mundial vuelve a habilitar el pelotón de fusilamiento como herramienta de Estado.
