Costa Rica dio un paso firme en materia de seguridad vial con la entrada en vigencia de una reforma legal que amplía los mecanismos para detectar a conductores que manejen bajo los efectos de sustancias ilícitas. La normativa, oficializada tras su publicación en el diario oficial La Gaceta el pasado 27 de marzo, introduce cambios relevantes tanto en la legislación de tránsito como en el ámbito penal.
El objetivo es claro: cerrar vacíos legales y fortalecer la fiscalización en carretera ante una problemática que ha venido en aumento en los últimos años.
Pruebas de saliva: el principal cambio en carretera
Uno de los puntos más novedosos de esta reforma es la autorización del uso de pruebas de fluido oral, es decir, test de saliva, para detectar la presencia de drogas en los conductores.
Estas pruebas funcionarán como un primer filtro en carretera. En caso de resultar positivas, deberán ser respaldadas por un análisis de sangre realizado por el Organismo de Investigación Judicial, específicamente en su laboratorio de toxicología, que será el encargado de confirmar el resultado.
Este modelo ya se utiliza en varios países y busca agilizar los controles sin sacrificar la rigurosidad científica del proceso.
Multas y sanciones: golpe al bolsillo y a la licencia
La reforma establece consecuencias claras para quienes incumplan la ley:
- Multa categoría A: ₡280.000
- Sanción aplicable tanto por conducir bajo efectos de drogas como por negarse a realizar la prueba
- Posibles sanciones administrativas adicionales, como retiro de placas o puntos en la licencia
Además, la normativa equipara el consumo de drogas al alcohol en términos de sanción, eliminando cualquier ambigüedad que antes dificultaba la aplicación de castigos.
Consecuencias penales más severas
En el ámbito judicial, el endurecimiento es aún más significativo. La conducción bajo efectos de drogas ahora se incorpora formalmente dentro del delito de conducción temeraria.
Esto implica:
- Penas de prisión de 1 a 3 años
- Aumento de sanciones en caso de accidentes con lesiones o fallecidos
- Periodos más largos de inhabilitación para conducir, especialmente si hay reincidencia
Este ajuste responde a la necesidad de atacar no solo la infracción administrativa, sino también sus consecuencias más graves en carretera.
Implementación: plazo de un año para aplicar la ley
Aunque la ley ya fue aprobada y publicada, su aplicación total no será inmediata. El Poder Ejecutivo, junto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), tendrá un plazo de 12 meses para:
- Definir el reglamento operativo
- Establecer protocolos técnicos
- Adquirir y calibrar los equipos necesarios
En este proceso, el Consejo de Seguridad Vial jugará un papel clave, ya que deberá priorizar la compra de dispositivos bajo estándares internacionales.
Un cambio que responde a una realidad creciente
La inclusión explícita de drogas ilícitas en la normativa de tránsito marca un giro en la política pública del país. Hasta ahora, la fiscalización se centraba principalmente en el alcohol, dejando un margen limitado para actuar frente a otras sustancias.
Con esta reforma, las autoridades buscan adaptarse a nuevas dinámicas de consumo y reforzar la prevención de accidentes, en un contexto donde la seguridad vial sigue siendo una de las principales preocupaciones nacionales.
El desafío ahora será la correcta implementación técnica y operativa, así como la capacidad de las instituciones para ejecutar controles efectivos en todo el territorio nacional.
