UNA se defiende asegurando que actúan apegados a la Constitución
El siguiente es un derecho a la respuesta emitido por la Universidad Nacional
Dylan Gomez
Publicado: febrero 18, 2020
El siguiente es un derecho a la respuesta emitido por la Universidad Nacional:
En relación con la nota “UNA recortaría becas y servicios por rebeldía a regla fiscal”, publicada el pasado 16 de febrero, en NCR Noticias Costa Rica; la Universidad Nacional considera hacer las siguientes aclaraciones:
Una de las obligaciones supremas que tenemos los costarricenses, es la de cumplir con lo estipulado en nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política.
En los artículos 84 y 85 de nuestra Constitución Política, está garantizado el financiamiento de las Universidades Estatales Públicas y la Autonomía de esas instituciones. Cuando las universidades no presentaron a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) el presupuesto ordinario 2020, para revisión de cumplimiento de la Regla Fiscal, no se debió a un acto de rebeldía, sino más bien, a un comportamiento basado en la defensa y respeto de nuestra Constitución Política. De manera que, valdría la pena indagar, quiénes son los que, en un acto flagrante de rebeldía, están desobedeciendo la Constitución.
Es importante señalar que, el presupuesto ordinario 2020 que la Universidad Nacional presentó ante la Contraloría General de la República (CGR), el que a la postre fuera archivado sin trámite, evidencia un crecimiento del gasto corriente de apenas el 1,03 %, monto inferior al establecido por la Regla Fiscal.
En defensa de nuestra constitucionalidad, el pasado 23 de enero de 2020, la Rectoría de la Universidad Nacional presentó ante la Sala Constitucional una manifestación de inconformidad contra lo actuado por la CGR en relación con el presupuesto institucional 2020. Esta gestión se añade a la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la UNA y otras universidades contra varios artículos de la Ley N°9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), expediente: 2019- 011540-0007-CO, que se encuentra pendiente de resolución.
En la acción supra referida, se le solicita a la Sala Constitucional ordenar a la CGR dejar sin efecto el oficio número DFOE-SOC-1366-19, por medio del cual “archivó sin trámite” el presupuesto institucional 2020, figura que no existe en la Ley Orgánica de la CRG.
A partir de las acciones promovidas por la CGR, la UNA se vio obligada, de conformidad con la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, a trabajar con el presupuesto final del 2019, por lo que hubo que hacer ajustes para poder atender los compromisos institucionales del 2020 con el presupuesto final del 2019. El nuevo documento del presupuesto ordinario inicial ajustado para el 2020, se presentó a la CGR el 30 de enero del presente año.
Los ajustes presupuestarios realizados se dieron en el marco de los diferentes programas en que está organizada la estructura presupuestaria de la UNA: Programa Académico, Programa Vida Universitaria y Programa Administrativo. De manera que, el ajuste efectuado implicó realizar reducciones temporales en partidas y subpartidas en cada uno de los programas que forman parte del presupuesto institucional. Este ejercicio de ajuste se dio siguiendo las instrucciones de la CGR, lo que implicó, la exclusión de ingresos y gastos que por su naturaleza sólo tuvieron eficacia para ese año; asimismo, en ningún caso pudo eliminarse ingresos o gastos para crear otros nuevos, es decir, no pudo darse traslados entre programas.
En cuanto a las reducciones realizadas a las subpartidas de anualidades, de becas a funcionarios (participación en eventos académicos como congresos, seminarios y otros), servicios y otras, tal como se indica, los ajustes al presupuesto inicial 2020, son de carácter transitorio, en el tanto que, mediante presupuestos extraordinarios, previa aprobación de la CGR, se estará incorporando a las arcas institucionales, el 2,32% de crecimiento del Fondo Estatal para la Educación Superior (FEES) negociado entre los Rectores y el Gobierno de la República, así como también, los recursos correspondientes al superávit institucional.
Es muy importante señalar que las becas de los estudiantes en ningún momento se han visto afectadas por los ajustes realizados, todo lo contrario, la UNA ha promovido una mejora cualitativa de las becas estudiantiles, honrando así, una vez más, el compromiso que esta institución tienen con el sector estudiantil.
Los criterios utilizados para la reducción transitoria del presupuesto de las subpartidas que fueron ajustadas respondieron en primera instancia a la necesidad de afectar lo menos posible la actividad sustantiva institucional y garantizar la continuidad del servicio público, asimismo, respetar los acuerdos establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo vigente, y cumplir con el compromiso de capitalizar 7800 millones de colones en el presupuesto 2020, de conformidad con lo pactado en la negociación del FEES 2020.
Una vez aprobado el presupuesto extraordinario por parte de la CGR, se espera que la UNA pueda funcionar en forma muy similar a como lo hubiese hecho de haberse aprobado el presupuesto 2020, tal como en su momento fue formulado y presentado ante la CGR.
Ante la imperiosa necesidad de garantizar la continuidad de los servicios que le brinda la UNA a la sociedad costarricense, en adelante y hasta tanto la Sala Constitucional no resuelva los recursos interpuestos por las universidades estatales públicas, nos vemos obligados a presentar bajo protesta, el presupuesto extraordinario de la UNA ante la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), cuya certificación, tal y como lo señala la CGR, es requisito fundamental para aceptar cualquier presupuesto y pronunciarse sobre el mismo.
En el marco de la responsabilidad que nos asiste, la institución trabaja arduamente desde hace varios años en la sostenibilidad y saneamiento financiero, con el propósito de atender las necesidades urgentes y emergentes que demanda la actividad sustantiva institucional, para garantizar que la UNA continúe aportando con su quehacer al bienestar y desarrollo de la sociedad costarricense.
Atentamente: Dr. Alberto Salom Echeverría
