El exmagistrado y exjerarca de Seguridad Pública, Celso Gamboa Sánchez, confirmó que colaborará con la justicia de Estados Unidos y que está dispuesto a brindar información relacionada con personas que actualmente forman parte del Poder Ejecutivo costarricense.
La declaración fue ofrecida durante una entrevista con el programa Siete Días, del canal Teletica, donde el ahora extraditable afirmó que, si debe referirse a ciertos hechos, lo hará directamente ante las autoridades norteamericanas.
“Hay personas que están erosionando la institucionalidad y hoy ocupan puestos en el Ejecutivo”, señaló. Ante la consulta directa de si entregará esa información en territorio estadounidense, respondió sin titubeos: “Por supuesto”.
Un caso que sacude la institucionalidad
La situación judicial de Gamboa ha marcado uno de los episodios más controversiales de los últimos años en Costa Rica. El exfuncionario, quien ocupó cargos como ministro y viceministro de Seguridad Pública, además de magistrado en la Sala III, pasó de estar en la cúpula del aparato estatal a enfrentar una orden de detención con fines de extradición.
Estados Unidos lo requiere por presuntos vínculos con una red internacional de tráfico de cocaína que operaría desde Colombia, utilizando a Costa Rica como punto estratégico de tránsito hacia Norteamérica y Europa. La acusación sostiene que habría coordinado envíos, facilitado rutas y utilizado influencias para evitar controles.
Supuestos contactos dentro del Gobierno
Parte de los documentos judiciales tramitados ante la Corte del Distrito Este de Texas detallan testimonios de agentes encubiertos. Según esas versiones, Gamboa habría afirmado contar con múltiples contactos dentro del Gobierno costarricense.
En uno de los señalamientos, se indica que el exjerarca habría asegurado poder “garantizar” la recepción de cargamentos tanto por el Caribe como por el Pacífico. La Fiscalía estadounidense sostiene que estas supuestas conexiones permitían anticipar operativos y esquivar acciones policiales.
El expediente también menciona al costarricense Alejandro Arias Monge, conocido como “Diablo”, quien figura en investigaciones internacionales por narcotráfico. De acuerdo con la documentación, información obtenida a través de contactos institucionales habría sido utilizada para evitar su captura.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de hasta $500.000 bajo el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional por datos que permitan la detención o condena de Arias.
Reacciones y distanciamiento
Tras las declaraciones del extraditable, sectores del Gobierno han rechazado cualquier vínculo con las afirmaciones. El ministro de Seguridad Pública ha negado una relación directa entre Gamboa y la actual administración, intentando frenar el impacto político que podrían generar sus palabras.
El proceso de extradición avanza mientras el exmagistrado permanece bajo custodia. Su eventual traslado a Estados Unidos abriría una nueva etapa judicial, donde podría formalizar cooperación con fiscales federales y ampliar detalles sobre lo que, según él, conoce del funcionamiento interno de ciertas estructuras de poder.
El caso continúa generando tensión en el ámbito político y judicial costarricense, en momentos donde la confianza institucional se encuentra bajo escrutinio público.
