La discusión sobre el papel de la tecnología en las aulas volvió a encenderse en la Asamblea Legislativa. Esta vez, el tema no gira en torno a plataformas virtuales ni a brechas digitales, sino al uso cotidiano de celulares y tabletas personales dentro de los centros educativos.
La Asamblea Legislativa de Costa Rica, a través de su Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, dio dictamen afirmativo al expediente 25.153, una propuesta que busca establecer reglas más estrictas sobre los dispositivos electrónicos en primaria y secundaria.
¿Qué plantea el proyecto?
La iniciativa, denominada “Ley para el uso responsable de dispositivos electrónicos en centros educativos”, fue presentada por la diputada independiente Cynthia Córdoba Serrano. El texto propone prohibir el uso de teléfonos inteligentes y tabletas personales dentro de los centros educativos, tanto durante el desarrollo de las lecciones como en los espacios de recreo.
Es decir, la restricción no se limitaría al aula, sino que abarcaría toda la jornada escolar.
Sin embargo, el plan no es absoluto. Se contemplan excepciones claras:
• Situaciones de emergencia o fuerza mayor.
• Casos en los que el dispositivo sea indispensable por razones de accesibilidad.
• Condiciones médicas debidamente justificadas.
• Actividades con fines estrictamente pedagógicos y previamente autorizadas.
En estos escenarios, el uso estaría permitido bajo supervisión institucional.
Un debate que trasciende el aula
La propuesta surge en un contexto donde el Ministerio de Educación Pública también analiza ajustes normativos sobre la presencia de tecnología en los centros educativos.
En los últimos años, directores, docentes y familias han manifestado inquietudes relacionadas con distracciones constantes, bajo rendimiento académico, exposición a contenido inapropiado y casos de ciberacoso. A la par, especialistas en educación han señalado que el desafío no es solo prohibir, sino encontrar un equilibrio entre disciplina digital y aprovechamiento pedagógico.
En varios países se han adoptado medidas similares, con modelos que van desde la restricción total hasta esquemas de uso regulado bajo custodia docente. Costa Rica ahora se suma a esa discusión formal en el ámbito legislativo.
¿Qué sigue ahora?
Con el aval en comisión, el expediente queda listo para ingresar a la agenda del Plenario Legislativo. Será ahí donde los diputados deberán debatir el alcance real de la medida, valorar eventuales mociones y definir si la iniciativa se convierte en ley de la República.
De recibir el respaldo necesario, el país avanzaría hacia un esquema más regulado en cuanto al uso de dispositivos electrónicos personales dentro del sistema educativo formal, reforzando el control institucional sobre la tecnología en entornos escolares.
