El curso lectivo 2026 arrancará con un giro importante en las reglas que rigen la vida estudiantil en Costa Rica. El Ministerio de Educación Pública (MEP) oficializó el nuevo Reglamento de Evaluación del Aprendizaje y de la Conducta (REAC), tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. A partir de ahora, su cumplimiento será obligatorio en todos los centros educativos públicos.
La normativa, avalada previamente por el Consejo Superior de Educación (CSE), introduce ajustes de fondo que no solo transforman la forma en que se califican los aprendizajes, sino también cómo se mide el comportamiento y la presentación personal del estudiantado.
Conducta con calificación numérica: inicia en 100 y puede bajar
Uno de los cambios más relevantes es que la conducta tendrá una nota formal dentro del expediente académico. Cada estudiante comenzará el año con 100 puntos, y esa calificación disminuirá según la gravedad de las faltas cometidas.
Las infracciones se clasifican en muy leves, leves, graves y gravísimas. Dependiendo del caso, las sanciones irán desde advertencias y procesos correctivos formativos hasta suspensiones temporales e incluso la eventual pérdida del curso lectivo en situaciones extremas.
Este ajuste busca reforzar la responsabilidad individual y dejar registro académico del comportamiento, algo que anteriormente no se reflejaba con un puntaje específico.
Adiós al adelantamiento de materias
En el plano académico, desaparece la figura del adelantamiento de materias. Según el análisis institucional que respaldó la decisión, esta modalidad no garantizaba un dominio sólido de los contenidos y generaba vacíos formativos.
La eliminación aplicará únicamente para quienes podían optar por ese mecanismo. Los estudiantes que actualmente estén bajo el sistema de arrastre podrán continuar en ese esquema hasta concluirlo.
Pruebas nacionales por materia, no en bloque
La Prueba Nacional Estandarizada dejará de aplicarse como un único examen integral. En adelante, se evaluará por asignaturas, permitiendo resultados individualizados.
Si un estudiante no aprueba alguna materia, deberá repetir solo esa asignatura y no toda la prueba. Además, se habilitan alternativas como la educación abierta para quienes necesiten recuperar contenidos pendientes, lo que introduce mayor flexibilidad en los procesos de acreditación.
Celulares: apagados salvo autorización docente
El uso de dispositivos móviles en clase quedará estrictamente regulado. Los celulares deberán permanecer apagados y solo podrán utilizarse cuando el docente lo autorice con fines pedagógicos.
Utilizarlos sin permiso se considerará falta leve. No obstante, si el aparato se emplea para grabaciones indebidas, ciberacoso u otras conductas que afecten a terceros, la falta escalará a grave o muy grave, con consecuencias disciplinarias más severas.
Presentación personal: límites claros en accesorios y maquillaje
El reglamento también fija parámetros sobre la imagen estudiantil. No se permitirá el uso de maquillaje, uñas artificiales ni accesorios visibles como piercings, cadenas, pulseras, expansores o implantes dérmicos durante la jornada lectiva.
Las únicas excepciones serán actividades culturales, deportivas o académicas específicas, así como situaciones médicas debidamente justificadas.
Prohibición absoluta de alcohol y vapeadores
El consumo de alcohol, cigarrillos o vapeadores queda totalmente prohibido tanto dentro como fuera del centro educativo cuando el estudiante porte uniforme o esté en horario lectivo. Estas conductas serán catalogadas como faltas graves.
En cuanto a tatuajes, a partir de 2026 no se permitirá que personas menores de edad se realicen tatuajes, ya sean permanentes o temporales. La medida no será retroactiva. Si se detectan tatuajes recientes, la dirección del centro deberá comunicarlo al Patronato Nacional de la Infancia (PANI). Los tatuajes previos deberán ser informados por padres o encargados.
Debate abierto en el sector educativo
Aunque el reglamento ya está vigente, algunos docentes han externado inquietudes sobre su aplicación práctica. Señalan que ciertas disposiciones podrían generar roces con la Ley 9999 en materia disciplinaria, lo que podría trasladar la discusión al ámbito jurídico y operativo dentro de los centros educativos.
Con este nuevo marco, el MEP busca fortalecer la disciplina, ordenar los procesos de evaluación y establecer reglas más precisas sobre la convivencia en las aulas costarricenses, en un contexto donde la educación enfrenta desafíos tanto académicos como sociales.
