En medio de un clima nacional marcado por el debate sobre seguridad y el aumento de la violencia vinculada al narcotráfico, el economista y excandidato presidencial Álvaro Ramos Chaves fijó una posición tajante: bajo ninguna circunstancia se deben suspender las garantías individuales en Costa Rica.
Su planteamiento no deja espacio para matices. Para él, incluso en escenarios extremos como terremotos devastadores, incendios de gran magnitud o hechos violentos de alto impacto, la respuesta del Estado no puede pasar por restringir derechos fundamentales.
Ramos sostiene que cualquier intento de levantar garantías constitucionales equivaldría a una “alta traición a la patria”, una expresión que utiliza para subrayar la gravedad que, a su juicio, tendría una decisión de ese tipo. Según explicó, esta postura ya la comunicó a la futura fracción legislativa de su partido, dejando claro que no respaldaría iniciativas orientadas en esa dirección.
El trasfondo del debate
La discusión no es abstracta. En los últimos meses, el país ha enfrentado cifras históricas de homicidios, disputas entre grupos vinculados al narcotráfico y una creciente sensación de inseguridad en varias comunidades. Ante este panorama, algunos sectores han planteado la necesidad de medidas extraordinarias para reforzar la acción del Estado.
En Costa Rica, la Constitución Política contempla la posibilidad de suspender ciertas garantías en situaciones excepcionales. Sin embargo, históricamente esta herramienta ha sido vista con cautela, debido a su impacto directo sobre derechos fundamentales como la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio o el debido proceso.
Para Ramos, abrir esa puerta representa un riesgo institucional mayor que los beneficios que eventualmente podría generar. Desde su perspectiva, la lucha contra el crimen debe fortalecerse con mejor coordinación policial, inteligencia, inversión social y reformas estructurales, pero siempre dentro del marco constitucional vigente.
Libertades versus seguridad
El debate de fondo gira en torno a un dilema que no es exclusivo de Costa Rica: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la seguridad? Mientras algunos sostienen que circunstancias excepcionales requieren respuestas excepcionales, otros advierten que restringir derechos puede sentar precedentes peligrosos.
Ramos se ubica claramente en el segundo grupo. Argumenta que los derechos fundamentales no deben convertirse en variable de ajuste, ni siquiera frente a crisis profundas. Para él, la fortaleza democrática del país radica precisamente en su capacidad de enfrentar problemas graves sin sacrificar el orden constitucional.
Un tema que seguirá en agenda
La discusión sobre seguridad pública continuará marcando la agenda política en los próximos meses, especialmente con el arranque de una nueva etapa legislativa. En ese escenario, las posturas sobre eventuales reformas legales o constitucionales podrían dividir a las distintas fuerzas políticas.
Lo cierto es que la declaración del excandidato vuelve a colocar sobre la mesa un tema sensible: la defensa de las libertades individuales frente a las presiones que generan la violencia y la incertidumbre. En un país que históricamente ha apostado por el Estado de derecho como pilar democrático, el debate promete seguir encendido.
