El despido del diputado liberacionista Óscar Izquierdo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) escaló este jueves a un fuerte enfrentamiento político. El legislador aseguró que su salida de la institución no responde a un proceso administrativo ordinario, sino a una represalia directa del Gobierno de Rodrigo Chaves.
En una declaración pública, Izquierdo afirmó que está siendo víctima de una persecución política y calificó la decisión como un acto sin fundamento técnico ni jurídico. Según sostuvo, la determinación de destituirlo carece de argumentos válidos y contradice criterios emitidos por instancias legales internas del AyA.
El diputado fue enfático al señalar que, a su juicio, la administración actual incurre en prácticas que calificó de corruptas y autoritarias. Aseguró que la medida tomada en su contra es una muestra de intolerancia hacia voces críticas dentro del ámbito político nacional.
El trasfondo del despido
Izquierdo ocupaba una plaza en el AyA desde antes de asumir su curul en la Asamblea Legislativa. Al convertirse en diputado, solicitó permiso sin goce salarial para ejercer su función legislativa. Sin embargo, en medio de un proceso de reorganización institucional, la entidad eliminó el puesto que él tenía en propiedad.
La versión oficial del AyA sostiene que la supresión de la plaza forma parte de un ajuste administrativo y que, al no existir otro cargo compatible para reubicarlo, se procedió con el despido con responsabilidad patronal, tal como lo establece la normativa laboral.
Choque político abierto
La reacción del legislador eleva la tensión entre el Partido Liberación Nacional y el Poder Ejecutivo. Desde la bancada verdiblanca han expresado respaldo a su jefe de fracción y cuestionan la oportunidad y motivación de la decisión.
Por su parte, el Gobierno no ha reconocido que exista motivación política en el caso y mantiene que se trata de una reestructuración interna dentro de la institución autónoma.
Este episodio se suma a una serie de roces entre el Ejecutivo y sectores de oposición en la Asamblea Legislativa, en un clima político marcado por confrontaciones frecuentes y acusaciones cruzadas.
Lo que podría venir
Más allá del intercambio de declaraciones, el caso podría trasladarse al ámbito judicial o administrativo si el diputado decide impugnar la decisión. De hacerlo, corresponderá a las instancias competentes determinar si la eliminación de la plaza se ajustó plenamente a derecho o si existieron irregularidades.
Mientras tanto, el discurso sube de tono. Lo que inició como una medida administrativa ahora se convierte en un nuevo capítulo del pulso político entre el Gobierno y la oposición, con acusaciones directas que profundizan la polarización en el escenario nacional.
