El modelo de seguridad y encarcelamiento impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, volvió a colarse en el debate político costarricense, esta vez desde el Congreso. El diputado electo del Frente Amplio, José María Villalta, lanzó una crítica frontal a ese enfoque y defendió que Costa Rica no debe apartarse de una visión humanitaria y preventiva en su sistema penitenciario.
Villalta advirtió que detrás de las cifras de encarcelamiento masivo hay una realidad social que suele ignorarse. A su juicio, buena parte de las personas privadas de libertad en el país son jóvenes que, con oportunidades reales, podrían estar desarrollándose en espacios educativos o laborales. “Son muchachos que perfectamente podrían estar en las aulas universitarias, construyendo un proyecto de vida distinto”, señaló, aludiendo a su experiencia como docente en la Facultad de Derecho.
El legislador electo fue enfático en que las políticas de “mano dura” no atacan el problema de fondo de la inseguridad. Según explicó, el encarcelamiento indiscriminado sin una estrategia social integral termina siendo una respuesta simplista a fenómenos mucho más complejos, como la exclusión, la pobreza y la falta de acceso a educación y empleo. “Si no se atienden las causas que empujan a esos jóvenes a terminar en prisión, el resultado será siempre el mismo”, sostuvo.
Advertencia sobre libertades y democracia
Villalta también encendió las alertas sobre las consecuencias institucionales de replicar modelos punitivos como el salvadoreño. A su criterio, reducir la criminalidad a costa de recortar derechos fundamentales representa un riesgo serio para una democracia como la costarricense, históricamente cimentada en el respeto a las garantías individuales.
“El discurso de seguridad fácil termina justificando la suspensión de derechos y libertades. Eso puede sonar atractivo en medio del miedo, pero tiene un costo muy alto para la ciudadanía”, afirmó. En ese sentido, cuestionó propuestas que, bajo el argumento de combatir la inseguridad, plantean limitar derechos constitucionales.
Un llamado a otro camino
Desde el Frente Amplio, Villalta insistió en que Costa Rica debe apostar por un modelo distinto: uno que priorice la educación, la prevención del delito y la reinserción social de las personas privadas de libertad. Para el diputado electo, fortalecer programas de formación, acompañamiento y oportunidades reales de reintegración es una inversión a largo plazo en seguridad y cohesión social.
El pronunciamiento se da en un contexto regional donde el enfoque de Bukele ha sido promovido como ejemplo por distintos sectores políticos. Sin embargo, Villalta subrayó que el país no puede perder de vista su tradición democrática ni su compromiso con los derechos humanos. “No se trata solo de encerrar más gente, sino de construir una sociedad más justa y segura desde la raíz”, concluyó.
