El debate sobre seguridad y sistema penitenciario volvió a tomar fuerza en Costa Rica tras las declaraciones del diputado electo del Frente Amplio, José María Villalta, quien lanzó una crítica directa al modelo de prisiones impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Para el legislador, replicar esquemas de encarcelamiento masivo y políticas de mano dura no solo es ineficaz, sino peligroso para una democracia como la costarricense.
Villalta sostuvo que el problema de la inseguridad no puede abordarse únicamente desde el castigo y el encierro. A su criterio, el sistema carcelario refleja fallas estructurales más profundas, especialmente en materia de educación, oportunidades laborales y atención social para la población joven.
“El drama es que las cárceles están llenas de muchachos que podrían estar estudiando, formándose, construyendo un proyecto de vida distinto”, señaló, al afirmar que muchos de ellos podrían haber sido incluso estudiantes universitarios si el Estado hubiese llegado antes con políticas preventivas.
Crítica a la mano dura
El diputado electo cuestionó la narrativa que presenta las políticas punitivas como una solución rápida a la criminalidad. Según explicó, encarcelar masivamente sin atender las causas de fondo —como la desigualdad, la exclusión y la falta de acceso a oportunidades— solo perpetúa el problema.
Villalta fue enfático al señalar que endurecer penas y expandir prisiones no garantiza una reducción sostenible de la violencia. “Si no se interviene en las condiciones que empujan a muchos jóvenes hacia el delito, lo único que se logra es seguir llenando cárceles”, advirtió.
Riesgos para la democracia costarricense
Uno de los puntos más sensibles de su pronunciamiento fue la advertencia sobre los efectos colaterales de importar modelos como el salvadoreño. Villalta alertó que estas estrategias suelen ir acompañadas de recortes a derechos fundamentales y de un debilitamiento de las garantías constitucionales.
“Se vende como una fórmula para combatir la inseguridad, pero el costo es altísimo: menos libertades, menos derechos y más poder concentrado en el Estado”, afirmó. En ese sentido, recordó que en Costa Rica ya se ha escuchado el discurso de suspender garantías individuales como parte de la discusión sobre seguridad.
Un enfoque distinto
Frente a ese escenario, el legislador insistió en que el país debe defender su tradición democrática y humanitaria, apostando por un sistema penitenciario orientado a la rehabilitación y la reinserción social. Para Villalta, la educación, la formación técnica y el acompañamiento social deben ser pilares centrales de cualquier política de seguridad.
“Costa Rica no puede renunciar a su compromiso con los derechos humanos ni copiar modelos que sacrifican libertades en nombre del orden”, sostuvo.
Las declaraciones se dan en un contexto regional donde varios países miran con interés el modelo de Bukele, mientras crece el debate sobre hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la seguridad. En Costa Rica, la discusión apenas comienza, pero voces como la de Villalta buscan marcar una línea clara: combatir la criminalidad sin abandonar los principios democráticos que han definido al país durante décadas.
