La discusión sobre cómo sostener las pensiones en Costa Rica suma un nuevo capítulo con una propuesta que promete generar amplio debate nacional. La presidenta electa Laura Fernández planteó utilizar la eventual venta del Banco de Costa Rica (BCR) como una vía para inyectar recursos al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social.
La idea parte de una premisa clara: buscar soluciones de fondo antes de trasladar el peso del ajuste a trabajadores y patronos. Según ha señalado la mandataria electa, su intención es evitar aumentos en las cuotas obrero-patronales y, en la medida de lo posible, frenar incrementos en la edad de retiro, dos medidas que suelen generar fuerte resistencia social.
Fernández sostiene que esta alternativa no surge de manera improvisada, sino que formó parte de su planteamiento de campaña. Desde su perspectiva, desprenderse del banco sería una decisión preventiva para anticiparse a eventuales riesgos de mala gestión o escándalos de corrupción que puedan afectar su valor a futuro.
El planteamiento va más allá de una simple venta de activos estatales. La presidenta electa ha hablado de acompañar la medida con reformas estructurales orientadas a mejorar la administración del sistema de pensiones, fortalecer la transparencia y procurar mejores rendimientos para los fondos de jubilación.
El contexto demográfico juega un papel clave en esta discusión. Costa Rica, al igual que muchos países, enfrenta un acelerado envejecimiento de su población y una disminución en la tasa de natalidad. Eso se traduce en menos personas cotizando y más jubilados dependiendo del sistema, una ecuación que presiona la sostenibilidad financiera del IVM.
Especialistas en pensiones llevan años advirtiendo sobre este desequilibrio. Las opciones tradicionales han sido aumentar cuotas, ajustar beneficios o modificar la edad de retiro. La propuesta de utilizar recursos provenientes de activos estatales introduce un ángulo distinto que combina política económica y política social.
Aun así, el camino no luce sencillo. La eventual venta de un banco estatal suele despertar posiciones encontradas: mientras algunos sectores lo ven como una fuente de liquidez inmediata, otros advierten sobre la pérdida de una herramienta financiera pública y sobre la necesidad de analizar con lupa el impacto a largo plazo.
Fernández ha dejado claro que está dispuesta a impulsar la discusión y asumir el costo político que implique. Su mensaje apunta a que postergar decisiones podría agravar el problema y reducir el margen de maniobra en el futuro.
Lo cierto es que la propuesta abre una conversación de alto calibre sobre el rol del Estado, la protección social y las prioridades fiscales del país. En un tema tan sensible como las pensiones, cualquier decisión tendrá efectos que se sentirán por décadas, lo que anticipa un debate intenso en los próximos meses.
