La presidenta electa Laura Fernández lanzó una de sus declaraciones más directas desde que se confirmaron los resultados electorales. En una entrevista televisiva, realizada este lunes 2 de febrero en Noticias Repretel, la futura mandataria pidió abiertamente la salida de Marta Acosta del cargo de contralora general de la República, al considerar que su gestión está agotada y que el país requiere un relevo con nuevas visiones.
Fernández sostuvo que la Contraloría General de la República enfrenta un desgaste institucional producto de resultados que calificó como insuficientes. A su criterio, durante la administración de Acosta se han escapado casos de alto impacto, entre ellos obras y procesos asociados a investigaciones por corrupción que, según dijo, debieron ser advertidos con mayor contundencia desde la fiscalización estatal.
Durante la conversación transmitida por Repretel, la presidenta electa fue enfática al señalar que la salida de Acosta no sería un castigo, sino una decisión que beneficiaría al país. Insistió en que dar un paso al costado permitiría oxigenar la institución y responder a una ciudadanía que exige controles más efectivos y oportunos sobre el uso de los recursos públicos.
Consultada directamente sobre si estaba pidiendo la renuncia de la jerarca, Fernández respondió sin rodeos que sí. Recalcó que la evaluación de resultados debe ser una práctica normal en el sector público y que ningún cargo debe asumirse como permanente cuando los objetivos no se cumplen.
El planteamiento de la mandataria electa se dio en un contexto más amplio de reflexión sobre el desempeño de altos funcionarios del Estado. En ese marco, también se refirió al fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, aunque marcó una diferencia clara respecto a su posición sobre la Contraloría.
Fernández evitó solicitar de forma expresa la salida del fiscal general, pero sí habló de la obligación que tienen todos los jerarcas públicos de autoevaluarse. Afirmó que cualquier funcionario que no esté generando resultados concretos debería considerar apartarse del puesto, independientemente del poder o la autonomía del cargo.
Además, la presidenta electa cuestionó lo que calificó como una instrumentalización política de algunas funciones públicas, subrayando que los nombramientos y remociones no dependen del Poder Ejecutivo ni del Gabinete, sino de los mecanismos institucionales establecidos en la ley.
Las declaraciones marcan una señal clara de cómo Fernández pretende relacionarse con los órganos de control y persecución penal una vez asuma la Presidencia: con un discurso de exigencia de resultados, revisión crítica del desempeño y presión pública para promover cambios en instituciones clave del Estado costarricense.
