En horas de la mañana en Alajuela, la llegada del candidato por el Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos, se tornó difícil para el aspirante legislativo. Ciudadanos que se encontraban en la escuela donde se iba a emitir el voto se acercaron a Villalobos con fuertes reclamos relacionados con una deuda que mantiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), lo que generó un intercambio de empujones antes de que Villalobos pudiera ejercer su derecho al sufragio.
El ambiente se volvió caótico y varios vecinos expresaron su frustración en voz alta, cuestionando al candidato sobre cuándo planea saldar lo que se le reclama desde la institución estatal encargada de la seguridad social. La situación por momentos rozó un altercado físico, aunque no se reportaron heridos.
¿Cuál es el trasfondo del reclamo?
La CCSS notificó recientemente a José Miguel Villalobos, quien también es conocido por haber sido abogado del presidente, de una deuda que asciende a más de ¢300 millones de colones, acumulada por cuotas no pagadas tanto como patrono como trabajador independiente, según registros oficiales y auditorías internas de la Caja.
Ese monto incluye, por un lado, obligaciones que datan de años anteriores y que la institución contabilizó como morosidad, y por otro, sumas que datan de más de una década atrás y que han sido objeto de observaciones de gestión por parte de auditores de la CCSS.
La Caja ha intentado varias veces notificar a Villalobos por medios tradicionales, pero en varios casos los intentos resultaron infructuosos por dificultades para ubicarlo físicamente o por la falta de bienes registrables a su nombre que faciliten acciones de cobro.
Villalobos ha negado que exista una resolución judicial firme que lo obligue a cancelar dicha deuda e incluso ha señalado que disputará cualquier reclamo que considere injustificado, afirmando que se trata de cobros que no corresponden o que se basan en datos erróneos.
Debate público y repercusiones políticas
Este caso ha encendido el debate en torno a la idoneidad de candidatos que mantienen deudas importantes con instituciones públicas. En días recientes, la fracción del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa presentó un proyecto de ley enfocado en inhabilitar para cargos públicos a personas que adeuden montos significativos a la CCSS o no cuenten con un convenio de pago vigente.
La iniciativa busca reformar el Código Electoral para transparentar las condiciones de elegibilidad de aspirantes y asegurar que quienes compiten por una curul no mantengan compromisos pendientes con instituciones claves del Estado.
Además, en el contexto político nacional, las elecciones están muy disputadas y cada controversia en torno a candidatos oficiales o aliados del gobierno de turno se ha convertido en tema de atención pública.
¿Qué implica para Villalobos?
Si llegara a ser electo diputado, especialistas en derecho laboral señalan que su salario sería embargable por la CCSS para cubrir deudas reconocidas legalmente, ya que la remuneración de los legisladores se entiende como salario para efectos de obligaciones legales como embargos y pensiones alimenticias.
Mientras tanto, el debate que surge en torno a este incidente en Alajuela no solo alimenta la discusión sobre la trayectoria de cierto candidato, sino que también pone sobre la mesa la necesidad de regulación más estricta respecto a la responsabilidad fiscal y social de quienes aspiran a representar a la ciudadanía en la Asamblea Legislativa.
