La recta final hacia las elecciones presidenciales suma un nuevo elemento de análisis. Una reciente encuesta nacional revela que, aunque una candidatura mantiene el liderazgo en intención de voto, el escenario electoral costarricense apunta con fuerza a una segunda ronda.
El estudio, elaborado por la firma Demoscopía y divulgado la tarde de este miércoles, muestra un mapa político fragmentado, sin que ninguna figura alcance el respaldo mínimo requerido por la legislación electoral para ganar en primera vuelta. En Costa Rica, ese umbral supera el 40% de los votos válidos, una meta que hoy luce lejana para todos los aspirantes.
En la medición, Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), aparece como la candidata con mayor apoyo ciudadano, al registrar un 34,5% de la intención de voto. Si bien esta cifra la coloca claramente en la delantera, no sería suficiente para asegurar su llegada directa a la Presidencia sin pasar por un balotaje.
Detrás de ella se perfila un segundo bloque de candidaturas con porcentajes considerablemente más bajos, lo que refleja una dispersión del electorado y un alto grado de competencia por el segundo lugar. Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), se posiciona como el principal contendiente para una eventual segunda ronda, con un respaldo del 11,3%.
Sin embargo, el informe también advierte sobre movimientos relevantes en el tablero político. Juan Carlos Hidalgo, candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), alcanza un 5,5% y se consolida en la tercera posición. Al considerar el margen de error propio de este tipo de estudios, su crecimiento lo mantiene cerca de disputar el pase a una segunda vuelta, especialmente en un contexto donde los apoyos pueden variar en los últimos días de campaña.
Más abajo en la intención de voto aparecen Ariel Robles, con un 4,5%, y Claudia Dobles, con un 4,0%, ambos aún con espacio para captar electores indecisos. Fabricio Alvarado, por su parte, registra un 2,2% de respaldo según la medición.
El estudio se llevó a cabo entre el 26 y el 28 de enero de 2026, en un momento clave del proceso electoral, cuando muchos votantes aún evalúan su decisión final. Este tipo de mediciones cobra especial relevancia en un país donde el balotaje se ha vuelto cada vez más frecuente y donde el comportamiento del electorado suele cambiar en la última semana antes de las votaciones.
