Un error en la cadena de control del sistema de salud del País Vasco puso en alerta a autoridades sanitarias y familias, luego de confirmarse que 253 personas, en su mayoría bebés, recibieron dosis de una vacuna caducada durante un periodo aproximado de dos meses. Aunque el hecho generó preocupación, las autoridades han sido claras en un punto clave: no existe riesgo para la salud de los pacientes afectados.
El incidente involucra a la vacuna hexavalente, uno de los pilares del esquema básico de inmunización infantil, ya que protege contra seis enfermedades potencialmente graves: difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y haemophilus influenzae tipo B. Según Osakidetza, el servicio público de salud vasco, la aplicación de un producto vencido no provoca efectos adversos, pero sí puede reducir la efectividad de la protección.
Investigación en marcha y responsabilidades bajo la lupa
La situación salió a la luz tras una denuncia presentada por el grupo parlamentario EH Bildu, que llevó el caso al Parlamento Vasco y motivó la apertura de una investigación sociosanitaria. La agrupación política cuestiona fallas en los protocolos de control y seguimiento, señalando que en algunos casos incluso se habría aplicado más de una dosis caducada a un mismo paciente.
Desde Osakidetza reconocen el error, pero aseguran que los casos están plenamente identificados y que se está actuando con rapidez. Las dosis involucradas se administraron en 12 de las 13 organizaciones sanitarias integradas del País Vasco, lo que evidencia que el problema tuvo un alcance amplio dentro del sistema.
¿Qué deben hacer las familias afectadas?
Las autoridades sanitarias han definido una hoja de ruta clara. Tanto Osakidetza como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), el Consejo Asesor de Vacunas del País Vasco y el propio fabricante coinciden en que la solución es aplicar una nueva dosis válida de la vacuna hexavalente para asegurar una protección completa.
Desde este lunes, los centros de salud comenzaron a contactar directamente a las familias para explicar la situación y asignar una nueva cita de vacunación. El proceso se realizará sin costo alguno y bajo seguimiento médico, con el objetivo de restablecer la confianza en el esquema de inmunización.
Un antecedente que agrava el contexto
El caso ocurre en un momento particularmente sensible para el sistema de salud vasco. En setiembre de 2025 inició un juicio contra una enfermera pediátrica en Santurtzi, acusada de simular la vacunación de niños y desechar los viales, dejando a más de 400 menores sin inmunizar entre 2021 y 2022. Aunque ambos hechos no están directamente relacionados, sí reavivan el debate sobre los controles internos y la supervisión en los servicios de vacunación.
Lecciones para los sistemas de salud
Más allá de las fronteras españolas, este episodio deja una advertencia clara para cualquier sistema sanitario, incluido el costarricense: la vacunación no solo depende de la disponibilidad de dosis, sino también de protocolos estrictos de control, trazabilidad y supervisión constante. Un descuido administrativo puede no causar daño inmediato, pero sí socavar la confianza de la población en uno de los instrumentos más efectivos de la salud pública.
Por ahora, las autoridades vascas insisten en un mensaje de calma: los niños y adultos afectados no están en peligro, y el proceso de revacunación ya está en marcha. La investigación determinará responsabilidades y, sobre todo, qué ajustes serán necesarios para que un error de este tipo no vuelva a repetirse.
