El financiamiento de las campañas electorales volvió a colocarse en el centro del debate público luego de que se conocieran los más recientes reportes económicos del Partido Pueblo Soberano, agrupación que impulsa la candidatura presidencial de Laura Fernández. Los datos, entregados al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), revelan quiénes apostaron fuerte por el proyecto político mediante la compra de bonos de deuda política durante el cierre del 2025.
Durante diciembre, el partido reportó la colocación de bonos por ₡678 millones, un salto significativo si se compara con noviembre, cuando las ventas rondaron los ₡455 millones. El crecimiento no fue casual: coincidió con una mayor exposición mediática de la candidata y con el avance del calendario electoral, un momento clave para asegurar liquidez y presencia territorial.
Los bonos de deuda política funcionan como una especie de adelanto financiero. Personas físicas pueden comprarlos antes de las elecciones con la expectativa de que, si el partido alcanza los votos necesarios, el Estado reconozca ese dinero como deuda política, incluyendo intereses. Es un mecanismo legal, regulado y fiscalizado, pero que siempre despierta interés por los nombres que aparecen detrás de los montos más altos.
En el caso de diciembre, el principal comprador fue Francisco Javier Morice Castro, quien adquirió certificados por aproximadamente ₡94 millones. Le siguieron Iván Alejandro Blanco Guzmán y Guillermo Emilio Rothe Paniagua, cada uno con compras cercanas a los ₡59 millones. En una escala menor, también figura Boris Vasir Marchegiani Carrero, con una inversión cercana a los ₡5 millones. En total, el partido reportó más de 50 personas que compraron bonos durante ese mes, la mayoría con montos más modestos.
Este panorama contrasta con lo ocurrido en noviembre, cuando la mayor parte de los recursos provino de un grupo más reducido de inversionistas, entre ellos dos hermanos empresarios que concentraron cerca de un tercio de la colocación de ese mes. El cambio sugiere una diversificación de los aportes y una estrategia distinta para ampliar la base de financiamiento conforme se acercaba el inicio formal de la campaña.
Desde el punto de vista financiero, estos bonos suelen venderse con descuento, lo que representa un incentivo para los compradores. Si el partido logra los resultados electorales mínimos, el rendimiento puede resultar atractivo en comparación con otros instrumentos tradicionales, ya que el reconocimiento estatal incluye intereses calculados según parámetros establecidos por la normativa vigente.
El reporte presentado ante el TSE forma parte de los controles obligatorios que deben cumplir todas las agrupaciones políticas. La información permite a la ciudadanía, a los entes fiscalizadores y a los propios electores conocer no solo cuánto dinero entra a una campaña, sino también de dónde proviene y bajo qué condiciones se obtiene.
En un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia y el uso de los recursos en política, la lista de compradores de bonos del Partido Pueblo Soberano se convierte en una pieza más para entender cómo se está moviendo el tablero financiero de cara a las próximas elecciones presidenciales en Costa Rica.
