Las autoridades de Estados Unidos anunciaron este martes nuevas sanciones financieras contra tres figuras señaladas como claves dentro de una estructura de narcotráfico con operaciones en Costa Rica y conexiones internacionales. La medida alcanza a Luis Manuel Picado Grijalba, conocido como alias “Shock”, Jordie Kevin Picado Grijalba, alias “Noni”, y a Tonny Alexander Peña Russell.
La confirmación fue divulgada por el Ministerio Público, tras la comunicación oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según lo informado, las sanciones tienen efectos inmediatos y se extienden a cualquier activo vinculado a estas personas dentro de la jurisdicción estadounidense.
De acuerdo con el alcance de la decisión, todos los bienes que los sancionados posean en Estados Unidos —o que estén bajo control de ciudadanos o entidades de ese país— quedan congelados y deben ser reportados ante la OFAC. La disposición también incluye a empresas, sociedades o estructuras que pertenezcan directa o indirectamente en un 50 % o más a los individuos designados, una estrategia que busca cerrar posibles rutas de ocultamiento de capitales.
Las autoridades estadounidenses detallaron que la organización señalada habría sido responsable del traslado de varias toneladas de cocaína desde Colombia, utilizando a Costa Rica como punto de almacenamiento y tránsito, antes de enviar la droga hacia mercados en Norteamérica y Europa. Dentro de esa estructura, alias “Shock” es identificado como el principal cabecilla, con un rol determinante en la coordinación logística y financiera.
El anuncio incluye además a dos mujeres del círculo familiar del presunto líder. La OFAC incorporó en la lista de sancionados a Estefanía McDonald Rodríguez, esposa de “Shock”, y a su madre, Anita Yorleny McDonald Rodríguez, bajo el argumento de presunta participación o beneficio dentro del entramado económico de la red criminal.
Estas sanciones se suman a una serie de acciones impulsadas por Estados Unidos para debilitar financieramente a organizaciones vinculadas al narcotráfico que operan en Centroamérica, una región cada vez más estratégica para las rutas de tráfico internacional. El caso permanece en desarrollo, mientras las autoridades costarricenses y estadounidenses mantienen coordinación para ampliar la información y las investigaciones relacionadas.
