El proceso electoral rumbo a las elecciones nacionales vuelve a tensarse tras las declaraciones del candidato presidencial del partido Avanza, José Aguilar Berrocal, quien aseguró que personas cercanas a su proyecto político habrían sido objeto de presiones y amenazas para desistir de colaborar con su campaña.
Las afirmaciones las hizo públicas este lunes durante una entrevista en radio, donde describió un escenario que, según él, ha dificultado la organización territorial y el financiamiento de su candidatura. Aguilar sostuvo que ciudadanos interesados en apoyar su propuesta —ya fuera como voluntarios o como aportantes económicos— habrían recibido llamadas con advertencias sobre posibles consecuencias si mantenían ese respaldo.
De acuerdo con el aspirante, las supuestas intimidaciones incluirían amenazas relacionadas con el cierre de negocios y afectaciones personales. “Personas que se han acercado de buena fe a colaborar han sido contactadas para disuadirlas. Eso atenta directamente contra el espíritu democrático”, manifestó durante la conversación radial.
El candidato fue más allá al señalar que las presiones no se habrían limitado al trabajo voluntario. Según su versión, también alcanzaron a personas dispuestas a adquirir bonos de campaña, una de las principales herramientas de financiamiento autorizadas por la legislación electoral. “Incluso quienes querían apoyarnos de forma legal y transparente habrían sido advertidos para que se apartaran”, afirmó.
Al ser consultado sobre el origen de estas acciones, Aguilar responsabilizó directamente al Poder Ejecutivo y al presidente Rodrigo Chaves, aunque no aportó detalles concretos como fechas, números telefónicos, nombres de funcionarios o pruebas documentales que respalden la denuncia. “No tengo duda de que esto viene del Gobierno”, dijo, sin profundizar en los mecanismos o actores involucrados.
En ese mismo espacio, el candidato de Avanza aprovechó para cuestionar a otras fuerzas políticas en contienda. Hizo un llamado a revisar con lupa las candidaturas legislativas del partido Pueblo Soberano, agrupación que respalda a la exministra Laura Fernández. En particular, criticó la postulación de José Miguel Villalobos como primer candidato a diputado por Alajuela, señalando su historial profesional como abogado defensor en causas vinculadas al crimen organizado.
“Tenemos que preguntarnos qué tipo de personas queremos tomando decisiones en la Asamblea Legislativa, que es uno de los pilares de nuestra democracia”, expresó Aguilar, planteando el tema como una discusión de fondo sobre ética y seguridad.
Hasta el momento, las denuncias permanecen en el plano político y mediático. No se registran acciones formales ante el Tribunal Supremo de Elecciones ni ante el Ministerio Público, y el Gobierno no ha emitido una respuesta oficial sobre los señalamientos.
En un contexto electoral marcado por la polarización y la desconfianza, este tipo de acusaciones vuelve a poner sobre la mesa la importancia de garantizar condiciones equitativas para todas las candidaturas, así como la necesidad de que cualquier señalamiento de gravedad sea respaldado con pruebas y canalizado por las vías institucionales correspondientes.
