La justicia surcoreana dio este viernes un paso clave en uno de los episodios políticos más convulsos de su historia reciente. El expresidente Yoon Suk Yeol fue sentenciado a cinco años de prisión por obstrucción a la justicia y otros delitos relacionados con su intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, una decisión que desató protestas masivas y terminó provocando su destitución.
El fallo fue emitido por el Tribunal del Distrito Central de Seúl y corresponde apenas al primero de ocho procesos judiciales que enfrenta el exmandatario conservador, de 65 años. La condena quedó por debajo de los diez años de cárcel solicitados por la fiscalía, pero aun así marca un precedente sin antecedentes: nunca antes un expresidente surcoreano había sido condenado por una maniobra de este tipo durante su mandato.
Según la acusación, Yoon excluyó deliberadamente a miembros clave del Gobierno de reuniones en las que se discutía la imposición de la ley marcial y, posteriormente, dificultó su arresto al permanecer atrincherado durante semanas en su residencia oficial, resguardado por su equipo de seguridad. Finalmente, fue detenido en enero, tras un operativo que se prolongó por varias horas y que mantuvo al país en vilo.
Al leer la sentencia, el juez Baek Dae-hyun fue enfático al señalar que Yoon, lejos de cumplir su deber constitucional, mostró una conducta que ignoró los principios básicos del Estado de derecho. Aunque el tribunal descartó algunos cargos por falta de pruebas, concluyó que la gravedad de los hechos ameritaba una pena efectiva de prisión.
La defensa del exmandatario reaccionó con dureza. Sus abogados argumentaron que el fallo confunde el ejercicio de las facultades constitucionales de un presidente con responsabilidades penales y advirtieron que, bajo ese criterio, cualquier futuro jefe de Estado podría quedar expuesto a procesos judiciales al tomar decisiones en momentos de crisis. Yoon cuenta con un plazo de siete días para apelar.
Este veredicto se produce mientras avanzan otros procesos aún más delicados. En uno de ellos, la fiscalía solicitó incluso la pena de muerte, al considerar a Yoon como el principal responsable de una supuesta insurrección contra el orden democrático. Aunque Corea del Sur mantiene una moratoria de facto sobre las ejecuciones desde 1997, el solo planteamiento refleja la magnitud del caso.
El exdirigente sostiene que actuó dentro del marco legal y que la declaración de la ley marcial fue una medida excepcional para proteger la Constitución. En reiteradas ocasiones ha acusado a la entonces oposición, que controlaba el Parlamento, de ejercer lo que él calificó como una “dictadura inconstitucional” que bloqueaba la gobernabilidad del país.
La noche del 3 de diciembre de 2024 quedó grabada en la memoria colectiva surcoreana. De forma sorpresiva, Yoon anunció la ley marcial y ordenó el despliegue del ejército alrededor de la Asamblea Nacional, alegando amenazas internas y externas. Sin embargo, la rápida reacción ciudadana y la presión del propio Legislativo obligaron a revertir la medida pocas horas después.
Las consecuencias políticas fueron inmediatas: protestas multitudinarias, una crisis institucional sin precedentes y, finalmente, la salida anticipada del poder. Ahora, con esta primera condena, el proceso judicial entra en una nueva fase que podría definir no solo el futuro personal de Yoon Suk Yeol, sino también el alcance de los límites del poder presidencial en Corea del Sur.
