La controversia generada por las denuncias de presuntas amenazas contra simpatizantes de una candidatura presidencial escaló rápidamente este lunes, luego de que la Presidencia de la República emitiera un comunicado oficial para rechazar de forma tajante las acusaciones.
Horas después de que el aspirante del Partido Avanza, José Aguilar, asegurara públicamente que personas cercanas a su campaña han sido objeto de amenazas y chantajes para no apoyarlo económicamente, el Poder Ejecutivo calificó esas afirmaciones como “temerarias”.
En el documento oficial, fechado el lunes 19 de enero de 2026, el Gobierno manifestó su preocupación porque un aspirante presidencial, según señala el texto, desconozca principios básicos sobre el funcionamiento del Estado costarricense. En particular, enfatizó que el Poder Ejecutivo no cuenta con la potestad de cerrar negocios de manera arbitraria ni por capricho político.
La Presidencia fue enfática al indicar que, si existen pruebas concretas sobre las supuestas presiones, estas deben presentarse ante las instancias correspondientes. De lo contrario, el comunicado señala que no se debería insistir en afirmaciones que, a criterio del Gobierno, no tienen sustento.
La respuesta oficial surge luego de que el candidato afirmara en una entrevista radial que simpatizantes suyos habrían recibido advertencias relacionadas con posibles acciones de entidades estatales como Tributación o la Caja Costarricense de Seguro Social, así como eventuales afectaciones a sus actividades laborales o comerciales.
El intercambio de declaraciones se da en un contexto electoral cada vez más tenso, marcado por acusaciones cruzadas, desconfianza entre actores políticos y una creciente polarización en la opinión pública. Mientras el aspirante insiste en que sus denuncias buscan alertar sobre riesgos para la democracia y la participación ciudadana, el Gobierno sostiene que se trata de señalamientos infundados que deben probarse o retractarse.
El cruce de versiones coloca nuevamente en el centro del debate el tono de la campaña y el uso del discurso político en medio de un proceso electoral que avanza bajo la lupa de la ciudadanía y de los distintos sectores del país.
