La comunicadora social y activista Stella Chinchilla, conocida por su postura crítica frente al gobierno de Rodrigo Chaves, acudió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para denunciar que está siendo víctima de amenazas de muerte y presuntos seguimientos. Según su relato, la situación la mantiene en un estado permanente de temor, no solo por su seguridad personal, sino también por la de su familia.
Chinchilla, de 62 años, aseguró que ha recibido llamadas telefónicas con mensajes explícitos de violencia, en los que le advierten que será asesinada y abandonada en una zanja. Afirma que estas intimidaciones comenzaron a intensificarse luego de que trascendiera públicamente una investigación en la que su nombre aparece vinculado a un presunto plan para atentar contra el presidente de la República.
El trasfondo: una investigación sensible
La denuncia de la comunicadora se produce en un contexto particularmente delicado. Días atrás, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) trasladó a la Fiscalía General un informe relacionado con un supuesto complot contra la vida del mandatario. En ese documento, se menciona a varias personas, entre ellas Chinchilla, a partir de conversaciones privadas obtenidas de aplicaciones de mensajería.
Las autoridades sostienen que esos intercambios podrían estar relacionados con la planificación de un ataque, versión que la comunicadora rechaza de manera tajante. Chinchilla insiste en que nunca ha promovido la violencia y que las acusaciones carecen de sustento real.
Otros nombres bajo la lupa
El expediente no se limita a una sola figura. La investigación también incluye a otras personas de perfil público, como Érick Sojo, conocido como “Este Paisano”; el exdiputado Célimo Guido; y el dirigente sindical Óscar Campos. Según declaraciones del propio presidente Chaves, tras un eventual atentado se habría planteado un escenario de transición política, versión que los señalados niegan y califican como una distorsión de los hechos.
Este cruce de señalamientos ha profundizado la controversia y alimentado la confrontación entre sectores afines y críticos al Gobierno.
Acusaciones de montaje y solicitud de protección
Chinchilla sostiene que los audios, mensajes y documentos que la vinculan con la causa fueron manipulados o sacados de contexto. A su juicio, el proceso responde a un intento por desacreditarla debido a su activismo y a sus constantes cuestionamientos al Ejecutivo.
Ante el incremento de las amenazas, solicitó formalmente ser incorporada al programa de Atención y Protección a la Víctima del Delito del Ministerio Público, alegando que su nivel de riesgo aumentó tras hacerse pública la investigación impulsada por la DIS.
El debate sobre el discurso y las redes sociales
Aunque Chinchilla se presenta como defensora de los derechos humanos y promotora de la paz, su comportamiento en redes sociales también ha sido objeto de críticas. Publicaciones anteriores muestran mensajes de tono agresivo dirigidos al presidente y a simpatizantes del oficialismo, con calificativos que han sido señalados como ofensivos.
Estas expresiones han abierto un debate adicional sobre la coherencia entre su discurso público y su actuación digital, especialmente en un contexto de alta polarización política.
Un caso abierto en un clima de tensión
Mientras el OIJ y la Fiscalía continúan analizando las denuncias y las pruebas, el caso se mantiene en etapa preliminar. En paralelo, la situación ha generado un amplio debate político y mediático sobre los límites de la crítica, la instrumentalización de la justicia y la seguridad de las personas involucradas.
Por ahora, no hay conclusiones definitivas. Lo único claro es que el episodio se desarrolla en un ambiente de fuerte confrontación, donde las denuncias, las investigaciones y las amenazas se entrelazan en uno de los momentos más tensos del escenario político reciente.
