La denuncia presentada por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) ante la Fiscalía General sacudió este martes el escenario político y de seguridad del país. El caso gira en torno a un presunto plan para atentar contra la vida del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y está sustentado en una serie de mensajes, fotografías y audios que, según las autoridades, evidenciarían actos de planificación y seguimiento.
Mensajes que encendieron las alertas
De acuerdo con la documentación aportada, el director de la DIS, Jorge Torres Carrillo, entregó capturas de conversaciones de WhatsApp atribuidas a una mujer de apellidos Chinchilla Mora. En esos mensajes, la sospechosa expresaría enojo porque el supuesto sicario contratado no habría ejecutado el ataque contra el mandatario.
En uno de los textos incluidos en la denuncia, la mujer habría escrito amenazas directas y manifestado su intención de utilizar recursos económicos para causar daño, lo que llevó a los cuerpos de inteligencia a activar protocolos de seguridad y recopilar más evidencia.
Fotografías y presunto seguimiento presidencial
Además de los mensajes, la DIS incorporó imágenes que, según la denuncia, fueron tomadas por la sospechosa o personas vinculadas a ella. Entre estas se incluye una fotografía de la escolta presidencial captada el pasado 9 de enero.
Las autoridades señalan que dichas imágenes coinciden con desplazamientos reales del presidente, lo que refuerza la hipótesis de un posible monitoreo previo. En el expediente se menciona, por ejemplo, una visita del mandatario a un centro médico en Zapote, el 16 de diciembre de 2025, donde se habría documentado su presencia y la de su equipo de seguridad.
Ampliación del caso: audios y reunión clave
Durante la tarde del mismo martes, la denuncia fue ampliada con nuevos elementos probatorios. Entre ellos figuran audios y fotografías obtenidas en el contexto de una reunión reciente, en la que presuntamente se habría hablado no solo del asesinato del presidente, sino también de la instauración de un gobierno de facto por un periodo aproximado de 18 días.
Estos nuevos indicios están siendo analizados por el Ministerio Público como parte de la investigación en curso.
Perfil de la persona denunciada
La sospechosa fue identificada como una activista en redes sociales y enfrenta una denuncia por el presunto delito de tentativa de homicidio. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado detenciones ni han brindado mayores detalles, debido a la sensibilidad del proceso.
Un caso de alto impacto institucional
El expediente abre un capítulo delicado para la institucionalidad costarricense, al involucrar directamente la seguridad del jefe de Estado. La Fiscalía deberá ahora determinar el peso legal de las pruebas presentadas y establecer si existen elementos suficientes para avanzar hacia imputaciones formales.
Mientras tanto, los cuerpos de seguridad mantienen medidas preventivas reforzadas, a la espera de que el proceso judicial esclarezca el alcance real del presunto plan denunciado.
