La seguridad alrededor del presidente Rodrigo Chaves Robles fue reforzada de manera inmediata y extraordinaria luego de que autoridades confirmaran la existencia de una amenaza concreta contra su vida. La advertencia no surgió de rumores ni de análisis preventivos generales, sino de información específica que ya está en manos del sistema judicial.
El jefe del esquema de protección presidencial y director de la Unidad Especial de Intervención (UEI), Jeffrey Cerdas, explicó que la denuncia presentada ante la Fiscalía incluye un elemento especialmente delicado: el pago a un sicario para ejecutar el atentado. Ese dato, según indicó, obligó a activar protocolos de alto riesgo y a ampliar la coordinación entre cuerpos de seguridad.
De acuerdo con Cerdas, la alerta fue elevada tras un análisis conjunto con la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y el Ministerio Público, entidades que manejan información sensible relacionada con posibles autores, ubicaciones y movimientos vinculados al presunto plan. En ese contexto, la solicitud a las autoridades judiciales fue clara: actuar con prontitud para disminuir cualquier margen de riesgo.
La denuncia formal ingresó a la Fiscalía General, desde donde se ordenó la participación del Organismo de Investigación Judicial para profundizar en las diligencias. El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que el expediente se tramita bajo la figura de una posible tentativa de homicidio y que se valoran medidas adicionales de protección conforme avance la investigación.
En paralelo al despliegue de seguridad, el caso también abrió un frente público. Stella Chinchilla, señalada dentro del expediente, rechazó cualquier relación con actos violentos y aseguró que enfrenta una acusación sin fundamento. La mujer afirmó que ya conversó con su abogado y que atenderá los llamados de la Fiscalía conforme lo indiquen sus asesores legales.
El episodio se da en un contexto de creciente tensión política y obliga a las autoridades a extremar precauciones en torno a la figura presidencial, mientras el Ministerio Público avanza con una investigación que, por su naturaleza, se mantiene bajo estricta reserva.
