La Fiscalía General confirmó este martes nuevos detalles sobre la denuncia relacionada con una presunta amenaza contra la vida del presidente de la República, Rodrigo Chaves, un caso que mantiene en alerta a las autoridades de seguridad del país en un contexto político especialmente sensible.
El fiscal general, Carlo Díaz, informó ante la prensa que la investigación apunta a una mujer de apellidos Chinchilla Mora, quien figura como sospechosa en una causa abierta por una supuesta tentativa de homicidio. Según explicó, se trata de una persona que mantiene una presencia activa en redes sociales, dato que forma parte de los primeros elementos recopilados por el Ministerio Público.
La denuncia fue presentada por el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Jorge Torres, y se acompañó de mensajes de WhatsApp que ahora son analizados como parte del expediente judicial. Díaz recalcó que el caso se aborda con máxima seriedad, en un país que atraviesa uno de los períodos más complejos en materia de homicidios de toda su historia reciente.
Como parte del proceso, la Fiscalía coordina acciones con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y con la Oficina de Atención a la Víctima y Testigos, con el fin de valorar medidas adicionales de protección para el mandatario y su entorno inmediato.
De acuerdo con información que ha trascendido desde los cuerpos de seguridad, la presunta autora intelectual sería una mujer de 62 años, identificada como activista y quien suele presentarse en conferencias de prensa en calidad de comunicadora independiente. Las autoridades investigan una alerta confidencial que advertía sobre un supuesto pago para contratar a un sicario con el objetivo de atentar contra el jefe de Estado.
Jorge Torres explicó que, tras recibir esa información, se activaron protocolos internos de forma inmediata y se estableció coordinación directa con el responsable de la seguridad presidencial para acelerar los trámites correspondientes ante la Fiscalía.
El avance del caso coincide con una coyuntura política de alta exposición pública, marcada por la proximidad de las elecciones nacionales y por la visita oficial del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prevista para este mismo día, factores que han reforzado los niveles de vigilancia y análisis por parte de las autoridades costarricenses.
