Seis países y España advierten que el uso de la fuerza pone en riesgo la paz y la estabilidad regional.
Varios gobiernos de Latinoamérica, junto con España, se pronunciaron oficialmente este 4 de enero de 2026 sobre la escalada del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, tras los bombardeos del 3 de enero y la captura de Nicolás Maduro, hechos que generaron una fuerte reacción diplomática a nivel internacional.
Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España difundieron un comunicado conjunto en el que expresaron su profunda preocupación por los acontecimientos recientes y rechazaron de manera categórica las acciones militares ejecutadas de forma unilateral en territorio venezolano.
En el documento, las cancillerías señalaron que el uso de la fuerza contraviene principios esenciales del derecho internacional, en particular los consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, como la prohibición de intervenciones armadas, el respeto a la soberanía de los Estados y la integridad territorial.
Aunque varios de los países firmantes no reconocieron al gobierno de Nicolás Maduro tras las cuestionadas elecciones venezolanas de 2024, el pronunciamiento subraya que ese desacuerdo político no justifica acciones militares externas ni intervenciones que puedan poner en peligro a la población civil.
Los gobiernos advirtieron que este tipo de operaciones sientan un precedente sumamente peligroso para la paz y la seguridad regional, al abrir la puerta a conflictos de mayor escala en América Latina y el Caribe.
En ese contexto, reiteraron que la crisis venezolana debe resolverse exclusivamente por medios pacíficos, mediante el diálogo político, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias externas ni imposiciones militares.
El comunicado también incluyó un llamado directo al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y a los distintos mecanismos multilaterales para que utilicen sus buenos oficios con el fin de facilitar una desescalada de tensiones y contribuir a la preservación de la estabilidad regional.
Finalmente, los países manifestaron su inquietud ante cualquier intento de control, administración o apropiación externa de los recursos naturales o estratégicos de Venezuela, recalcando que el respeto al derecho internacional y a la autodeterminación de los pueblos debe prevalecer como principio rector ante la actual crisis.
