El divorcio en Costa Rica podría sumar pronto una nueva causa legal, ligada directamente al abandono económico dentro del matrimonio. Un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa propone modificar el Código de Familia para permitir la disolución del vínculo cuando uno de los cónyuges incumpla de forma prolongada con el pago de la pensión alimentaria.
La iniciativa fue impulsada por la diputada María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y plantea que el impago continuo por un periodo mínimo de un año sea suficiente para solicitar el divorcio, sin necesidad de demostrar otras causales tradicionales. El objetivo central es atender una realidad que se repite en distintos puntos del país: personas que fueron abandonadas por su pareja, que dejaron de recibir apoyo económico y que, además, no pueden avanzar con un divorcio porque el responsable simplemente desapareció.
Cuando el matrimonio deja de cumplir su razón de ser
El proyecto parte de un principio básico del derecho de familia: el matrimonio se sostiene sobre la cooperación, el apoyo mutuo y la responsabilidad compartida. Cuando uno de los cónyuges rompe ese equilibrio al desentenderse de sus obligaciones alimentarias y desaparecer del radar, el vínculo pierde su sentido práctico y jurídico.
Por eso, la propuesta busca reformar el artículo 48 del Código de Familia, incorporando el incumplimiento alimentario prolongado como una causal expresa de divorcio. Según la diputada Carballo, la medida tiene un enfoque claro de protección hacia personas menores de edad y personas con discapacidad, quienes suelen ser las más afectadas cuando la pensión no llega y los procesos legales se entraban.
El gran obstáculo: no poder notificar al ausente
Uno de los principales dolores de cabeza en estos casos es la notificación judicial. Hoy, si no se conoce el paradero del cónyuge, el trámite puede quedar congelado durante años. Para enfrentar este problema, el proyecto introduce un mecanismo más ágil: permitir que la notificación se realice mediante una única publicación en un medio de comunicación de alcance nacional cuando no exista una dirección conocida.
Con esto se busca dar seguridad jurídica a quienes quedaron abandonados, permitiéndoles cerrar formalmente una relación que, en la práctica, ya terminó hace mucho tiempo, sin depender de encontrar a alguien que decidió desaparecer.
Historias que se repiten en silencio
Detrás de la iniciativa hay casos reales. Uno de ellos es el de una mujer limonense que pasó cerca de cinco años intentando divorciarse. Su esposo, marinero de profesión, se fue de la casa y nunca regresó. Al no tener domicilio fijo ni forma de contacto, cada intento de notificación fracasaba y el proceso se alargaba indefinidamente.
Finalmente, tras una larga batalla legal, logró convencer al juez de que llevaba años sola y sin apoyo, y el divorcio fue concedido. Sin embargo, ella misma reconoce que el desgaste emocional y económico fue enorme. Permanecer casada “en el papel” le generaba angustia y una sensación constante de estar atada a alguien que ya no formaba parte de su vida.
Menos trámites, menos gastos
Desde el punto de vista legal, el abogado especialista en derecho de familia Kabul Ugalde considera que la ley actual ya permite divorcios en casos de desaparición, pero reconoce que el camino suele ser complejo y costoso. En muchos procesos es obligatorio nombrar un curador procesal, una figura legal que representa al ausente, lo que puede implicar gastos cercanos a los 200 mil colones.
Con la reforma planteada, ese paso podría eliminarse. Bastaría con demostrar que el cónyuge se ausentó y dejó de pagar la pensión durante al menos un año para solicitar el divorcio, simplificando el trámite y reduciendo significativamente los costos para las personas afectadas.
Un cambio con impacto social
La propuesta aún deberá avanzar en el trámite legislativo, pero abre un debate de fondo sobre la dignidad, la seguridad jurídica y la protección de quienes cargan solos con responsabilidades familiares. De aprobarse, marcaría un cambio importante en la forma en que el Estado responde a situaciones de abandono prolongado, una realidad más común de lo que muchas veces se reconoce.
