El debate sobre permitir el retiro total de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) volvió a tomar fuerza en la agenda política costarricense. Sin embargo, desde el ámbito técnico, las alertas se mantienen encendidas. El economista Ronulfo Jiménez fue enfático esta semana al advertir que una medida de ese tipo no solo es inconveniente, sino que representa una mala política pública con consecuencias de largo plazo.
Jiménez expuso sus argumentos durante una actividad pública en la que participaron los gerentes de las seis operadoras de pensiones que funcionan en el país. Ahí planteó que la discusión debe ir más allá del atractivo inmediato de disponer del dinero y centrarse en el impacto real que tendría sobre la vejez de miles de personas y sobre la sostenibilidad del sistema previsional.
La lección que dejó Perú
Uno de los principales respaldos a su posición es la experiencia internacional. El economista recordó lo ocurrido en Perú, donde desde 2018 se autorizó el retiro total de los fondos de pensiones. Los resultados, según explicó, fueron poco alentadores.
Un año después de los retiros, una parte importante de la población ya había consumido esos recursos o los mantenía sin generar rendimientos. Solo una minoría logró reinvertirlos en condiciones iguales o mejores a las que ofrecía el sistema de pensiones. Para Jiménez, este comportamiento evidenció un problema de fondo: cuando el dinero se libera por completo, el gasto se acelera y la protección económica en la vejez se debilita, justo en la etapa de la vida donde los costos, especialmente en salud, suelen aumentar.
Menos ingreso al jubilarse
El segundo punto crítico tiene que ver con el monto de la pensión futura. En Costa Rica, el ROPC no es un complemento menor. Al momento de jubilarse, este régimen aporta en promedio entre un 15% y un 20% adicional al salario que recibe la persona pensionada.
Si esos recursos se retiran de una sola vez y no se administran de forma gradual, el ingreso mensual en la vejez quedaría limitado prácticamente a lo que paga el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), reduciendo de manera significativa la calidad de vida del pensionado.
Jiménez subrayó además que el desempeño financiero del ROPC ha sido sólido. La rentabilidad histórica del fondo supera ampliamente a muchas alternativas tradicionales de ahorro, incluso después de descontar la inflación. A esto se suma que Costa Rica registra una de las comisiones de administración más bajas de la región, producto de un esquema competitivo y regulado, donde participan operadoras públicas y privadas bajo la supervisión estatal.
No es un ahorro cualquiera
El tercer argumento apunta al marco legal y constitucional. Según recordó el economista, la Sala Constitucional ya se ha pronunciado sobre la naturaleza del ROPC y ha sido clara en señalar que no se trata de un simple ahorro individual, sino de un componente esencial del sistema de pensiones.
Autorizar su retiro total implicaría, en la práctica, vaciar de contenido al régimen y desvirtuar su razón de ser. Esta advertencia no es aislada. Instituciones como el Banco Central y la Superintendencia de Pensiones han manifestado preocupaciones similares, señalando que las devoluciones masivas de fondos suelen terminar debilitando o incluso destruyendo los sistemas previsionales.
Pese a estas advertencias, el tema sigue en discusión política. El Gobierno incluyó en la agenda legislativa proyectos de ley que buscan habilitar retiros anticipados del ROPC. Para Jiménez y otros actores técnicos, el reto está en no perder de vista que decisiones populares en el corto plazo pueden convertirse en problemas sociales y fiscales de gran magnitud en el futuro.
