La reciente decisión del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) de abrir una investigación relacionada con la familia de Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), volvió a colocar bajo escrutinio público el rol y los criterios de actuación de la institución encargada de velar por los derechos de la niñez en Costa Rica.
El detonante fue la difusión en redes sociales de un video en el que aparece una de las hijas del aspirante liberacionista durante una actividad política privada. La grabación, que rápidamente se viralizó, llevó al PANI a iniciar un proceso de verificación para determinar si la participación de la menor podría haber vulnerado alguno de sus derechos.
Sin embargo, más allá del caso puntual, la reacción institucional reavivó un debate de fondo: la percepción de inconsistencias en la forma en que el PANI interviene en distintos escenarios, especialmente cuando se comparan actuaciones rápidas con otros episodios donde, según resoluciones judiciales y señalamientos públicos, la respuesta fue tardía o insuficiente.
Antecedentes que pesan
Uno de los ejemplos que más resuena en la memoria colectiva es el caso de la bebé Keibril García Amador, desaparecida en abril de 2023. En ese expediente, la Fiscalía sostuvo que existieron múltiples alertas previas sobre el entorno familiar, incluidas intervenciones del PANI durante varios años, sin que se adoptaran medidas definitivas que evitaran el desenlace.
Durante el juicio relacionado con ese caso, el Ministerio Público expuso que la institución había documentado situaciones de violencia intrafamiliar, consumo problemático de alcohol y condiciones de riesgo para la menor y su madre, quien era adolescente. A pesar de ello, las soluciones aplicadas fueron temporales y los menores regresaron al mismo entorno que había generado las alertas.
Ese episodio, junto con solicitudes de explicación por parte de la Defensoría de los Habitantes, dejó una huella profunda en la imagen del PANI y en la confianza ciudadana hacia su capacidad de prevención.
Otros cuestionamientos institucionales
A lo largo de los últimos años, la entidad también ha enfrentado investigaciones relacionadas con presuntos abusos dentro de albergues bajo su tutela. En 2023, el Organismo de Investigación Judicial allanó un centro en Coronado tras denuncias de supuestos tratos crueles hacia menores. Posteriormente, otro caso, esta vez en la zona sur del país, derivó en una investigación penal por posibles abusos sexuales dentro de una estructura de protección.
Estos antecedentes han alimentado una narrativa crítica que cuestiona si el PANI cuenta con los controles, recursos y protocolos necesarios para garantizar una protección efectiva y oportuna de la niñez más vulnerable.
El caso actual y la reacción de la familia
En el proceso abierto contra el entorno familiar de Álvaro Ramos, el PANI indicó que la investigación busca establecer si existió algún tipo de exposición indebida o instrumentalización política de una persona menor de edad.
Tras conocerse la apertura del expediente, Ramos y su esposa, Cristie Castro, emitieron un pronunciamiento público en el que aseguraron que la participación de su hija fue espontánea, sin presión ni preparación previa, y que ocurrió en un espacio privado. Además, solicitaron respeto a la privacidad de la menor y pidieron que el video dejara de circular.
Un debate que trasciende un caso
Más allá del desenlace que tenga esta investigación, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una discusión necesaria: cómo garantizar que las decisiones del PANI sean coherentes, proporcionales y centradas verdaderamente en el interés superior de la persona menor de edad, sin generar percepciones de selectividad o desigualdad en la intervención estatal.
En un contexto preelectoral, el caso adquiere además una dimensión política inevitable. No obstante, el desafío principal para la institución sigue siendo recuperar la confianza ciudadana y demostrar que su actuación responde a criterios técnicos sólidos, aplicados de manera uniforme, sin importar el apellido, el cargo o la exposición pública de las familias involucradas.
