Mientras miles pagaron caprichos en parqueos privados, un grupo de trabajadores aprovechó un portillo legal vigente desde 2017 para dejar sus autos seguros en la institución.
La noche del sábado 6 de diciembre, mientras miles de ticos sufrían el caos vial y las tarifas dinámicas de los parqueos alrededor de La Sabana para ver a Bad Bunny, un grupo selecto de asistentes tuvo una experiencia muy diferente. Un equipo periodístico constató que siete funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) utilizaron las instalaciones de la institución para resguardar sus vehículos personales mientras disfrutaban del evento.
La escena, captada pasadas las 10:00 p.m., mostró a personas portando los distintivos del concierto (las famosas luces y mercancía del «Conejo Malo») ingresando al recinto estatal para retirar sus autos, bajo la mirada y asistencia de la seguridad oficial del edificio.
¿Corrupción o Beneficio Legal? La imagen generó indignación inmediata entre la ciudadanía, que cuestiona el uso de bienes públicos para fines de ocio privado. Sin embargo, ante la consulta de la prensa, la División de Gestión de Apoyo de la Contraloría salió al paso para aclarar que, aunque se vea mal, es totalmente legal según sus normas internas.
La institución se ampara en el apartado 5.2.2 de los lineamientos de uso de parqueos, vigente desde el 1 de junio de 2017. «Los permisos para estacionar vehículos para asistir a eventos extra laborales deben ser tramitados ante la Unidad de Servicios Generales y podrán darse solamente en horarios fuera de la jornada laboral», cita el reglamento.
Bitácora de la noche La CGR confirmó que el proceso fue transparente a nivel administrativo:
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Se recibieron 8 solicitudes formales mediante el formulario de autorización.
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Según las cámaras de seguridad, finalmente ingresaron 7 vehículos.
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La regla de oro es que el funcionario debe ir dentro del carro; no se permite prestar el parqueo a terceros ajenos a la planilla.
Análisis: La delgada línea del privilegio Este incidente destapa una realidad poco conocida: la Contraloría no es la única. Varias instituciones públicas ubicadas en zonas estratégicas (cerca de estadios o centros de eventos) mantienen beneficios similares para sus empleados. El debate ético surge en un contexto de austeridad fiscal. Mientras el ciudadano común debe pagar sumas exorbitantes o arriesgar su vehículo en la calle durante un concierto masivo, los empleados de la entidad encargada de velar por el buen uso de los recursos públicos gozan de un «parqueo VIP» gratuito, financiado indirectamente por el mantenimiento y seguridad que paga el Estado.
Aunque legalmente están cubiertos, la óptica política de ver a los fiscalizadores de la Hacienda Pública usando el edificio estatal como cochera para un concierto de reguetón, deja un sabor agridulce en la opinión pública.
