EE. UU. endurece su política migratoria tras ataque en Washington: recorte de beneficios, revisión de remesas y suspensión de asilo

La Casa Blanca anunció una nueva serie de restricciones migratorias que marcan uno de los giros más severos de los últimos años. Las medidas, impulsadas directamente por el presidente Donald Trump, surgieron como respuesta al atentado en el que dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados en Washington D. C. por un ciudadano afgano.

El mandatario ordenó frenar la inmigración “de todos los países del tercer mundo”, una frase que generó preocupación entre organizaciones humanitarias y analistas migratorios.

Un paquete de medidas con amplio impacto

Entre las disposiciones más relevantes destacan:

• Suspensión temporal de todas las decisiones de asilo, hasta garantizar verificaciones más estrictas.

• Recorte de beneficios fiscales para personas indocumentadas y extranjeros que no cumplan ciertos criterios migratorios.

• Revisión intensiva de las remesas enviadas fuera del país, por presuntos riesgos de lavado o financiamiento ilícito.

• Bloqueo de nuevas visas para ciudadanos afganos, además de la revisión de tarjetas de residencia de ciudadanos provenientes de 19 países.

El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) justificó la pausa en los trámites de asilo afirmando que se busca “proteger primero al pueblo estadounidense”. Cerca de 1,5 millones de personas tenían expedientes pendientes antes de la suspensión.

Reformas fiscales y control sobre el dinero enviado al exterior

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que el Gobierno limitará el acceso de inmigrantes indocumentados a créditos fiscales considerados esenciales para familias de bajos ingresos. El anuncio afecta beneficios como:

• Crédito por ingreso del trabajo

• Créditos adicionales por hijos

• Incentivos educativos

• Deducciones por cuentas de ahorro

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) también emitió una alerta dirigida a negocios de envío de dinero, recordando que en 2024 se enviaron más de 72.000 millones de dólares en remesas desde Estados Unidos. Aunque la mayoría son legítimas, FinCEN pidió “vigilancia” ante posibles usos indebidos, especialmente por personas en situación migratoria irregular.

Los establecimientos deberán reportar movimientos sospechosos que superen los 2.000 dólares.

Contexto: un país conmocionado tras un ataque cerca de la Casa Blanca

Las nuevas políticas se anunciaron pocas horas después del atentado que dejó una agente de la Guardia Nacional muerta y a otro funcionario en estado crítico. El sospechoso, Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, llegó al país como parte del programa Operation Allies Welcome, implementado tras el retiro militar de EE. UU. de Afganistán. Había trabajado previamente con agencias del Gobierno estadounidense, incluida la CIA.

El hecho ocurrió a escasos 500 metros de la Casa Blanca, en vísperas del Día de Acción de Gracias, lo que aumentó la conmoción pública.

Trump calificó el ataque como “un acto de maldad y terror” y anunció el despliegue de 500 nuevos miembros de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en la capital. En su declaración, también responsabilizó al expresidente Joe Biden por haber permitido la llegada de decenas de miles de afganos durante 2021.

Un endurecimiento progresivo y un mensaje directo a migrantes

El gobierno republicano ya mantenía restricciones de viaje contra casi una veintena de países desde mediados de año, entre ellos Cuba, Venezuela, Haití, Irán, Somalia y Yemen. Con esta nueva ola de medidas, la política migratoria estadounidense entra en una fase de control aún más estricta enfocada en seguridad nacional.

Críticos señalan que el discurso oficial mezcla políticas fiscales, migratorias y de seguridad sin distinguir entre migración regular, irregular y solicitudes humanitarias. Mientras tanto, comunidades migrantes y organizaciones civiles temen un aumento en la discriminación, en los retrasos administrativos y en la incertidumbre para millones de personas.

Por ahora, la Casa Blanca asegura que las medidas estarán vigentes “hasta nuevo aviso”, en una coyuntura marcada por la tensión política y un clima electoral cada vez más polarizado.