La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Refugiados, Kelly Clements, se encuentra en Costa Rica como parte de una visita que busca dar seguimiento a la respuesta al aumento de solicitudes de refugio de nicaragüenses y Venezolanos.
ACNUR reveló que hasta la fecha, según las cifras oficiales a las que han tenido acceso, Costa Rica tiene un total de 87,190 solicitantes de asilo o refugio, resultando que el 80% son nicaragüenses y un 7% son venezolanos.
Clements, según la información expuesta por la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), está en territorio tico para ‘’conocer los avances y desafíos de la respuesta a las decenas de miles de personas en busca de protección internacional’’.
En una misiva expuesta en el portal de ACNUR se detalla que la visita de Clements ocurre como parte de un seguimiento a los fondos humanitarios gestionados por el Gobierno costarricense, durante el Foro Mundial sobre los Refugiado, realizado en diciembre 2019 en Ginebra, Suiza.
ACNUR dispone fondos para atender crisis de refugiados
Según ACNUR, al Gobierno tico inicialmente, destinará 4,1 millones de dólares fondos humanitarios ‘’en respuesta a las necesidades de las personas solicitantes de la condición de refugiado y refugiadas en Costa Rica’.
La Agencia de la ONU para los refugiados detalla que, entre los fondos que recibió Costa Rica, se encuentra la contribución del ACNUR por 1,8 millones de dólares a la Caja Costarricense del Seguro Social con el fin de otorgar un seguro médico a 6,000 personas solicitantes de la condición de refugiado que tengan padecimientos graves de salud y que se encuentren en situación de pobreza. El seguro se estima que cubrirá hasta el 31 de diciembre de 2020.
ACNUR también expuso que apoya la respuesta del Gobierno costarricense mediante un programa de asistencia humanitaria en efectivo. La Agencia de la ONU para los refugiados y el Gobierno de Costa Rica con este tipo de programas se estima que estarían beneficiando con subsidio económico por tres meses a unas 600 familias solicitantes de asilo que se encuentren en pobreza extrema.
Además, U$2 millones serán destinados para un plan piloto de fondo de soluciones y unos U$300 mil fueron dirigidos para la rehabilitación de centros comunitarios o refugios de Canalete, Bijagua y Quebradón, en el cantón de Upala.
Parte del trabajo para atender a los refugiados nicas y venezolanos también incluye el fortalecimiento de la ‘’capacidad de la Dirección General de Migración y Extranjería para procesar solicitudes de la condición de refugiado y así reducir los tiempos de espera de las resoluciones, a través del financiamiento de personal técnico adicional’’, pormenoriza la misiva de ACNUR.
