La jornada jurídica de este viernes en la Asamblea Legislativa, convocada para analizar la situación del presidente Rodrigo Chaves, terminó envuelta en un intenso reclamo por parte de su representante legal, el abogado penalista José Miguel Villalobos. El litigante aseguró que el procedimiento aplicado por los diputados no solo limita la participación de la defensa, sino que contradice principios fundamentales establecidos por la propia Sala Constitucional.
Villalobos, quien asistió a la audiencia como asesor del mandatario, afirmó que desde tempranas horas notó “un giro completamente contrario al derecho”, al señalar que no se le permitió ejercer una defensa activa. A su juicio, la interpretación hecha por una diputada —también abogada— redujo su papel a un acompañamiento simbólico, como si “sentarse a la par del investigado” fuera suficiente garantía del debido proceso.
El jurista recordó que el voto 1739-92 de la Sala Constitucional explica que en cualquier procedimiento sancionatorio debe asegurarse la participación profesional, activa y efectiva de la defensa técnica. Señaló que este criterio aplica a toda actuación con consecuencias jurídicas relevantes, no solo a procesos penales. Por ello cuestionó que, pese a lo establecido en la jurisprudencia, se le negara la posibilidad de responder preguntas o intervenir ante señalamientos directos.
Según su relato, ni siquiera se permitió que los diputados le hicieran consultas, lo que interpretó como una estrategia para evitar que sus argumentos pudieran influir en la opinión pública. “Temen que la defensa convenza, que el pueblo escuche otra versión y que se evidencie la debilidad de los planteamientos”, expresó en un tono firme y visiblemente molesto.
El abogado también criticó el hecho de que solo se le dieran diez minutos de participación en un debate que —desde su perspectiva— requería amplitud, contraste y revisión jurídica rigurosa. “Si ya tienen el criterio formado, ¿cuál es el problema de que en las actas quede el criterio de la defensa? ¿Por qué cerrar la puerta al intercambio técnico?”, cuestionó.
Villalobos sostuvo que lo ocurrido podría convertirse en un precedente riesgoso para cualquier ciudadano sujeto a un proceso sancionatorio impulsado desde órganos públicos. Aseguró que, más allá del caso específico del presidente Chaves, lo que está en juego es el respeto a las garantías básicas que sostienen el sistema democrático costarricense.
El señalamiento más fuerte del abogado fue su afirmación de que la actuación legislativa “evidencia ante el Tribunal Supremo de Elecciones una maniobra impropia”, a la que calificó como una “malandrinada”. Dijo que no busca confrontar con la Asamblea, sino advertir que el país no puede normalizar procedimientos que, según él, causan un retroceso en materia de derechos fundamentales.
El episodio, que ya generó reacciones de distintas fracciones parlamentarias, promete elevar aún más la tensión política alrededor del caso. Mientras tanto, la Asamblea deberá seguir adelante con el procedimiento, y Villalobos anticipó que insistirá en denunciar lo que considera una violación directa al debido proceso.
El debate jurídico está lejos de cerrarse, y la controversia promete continuar en los próximos días, con más intervenciones técnicas y posturas encontradas que podrían marcar el rumbo institucional del país.
