El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó este viernes la suspensión de la certificación de Colombia conforme a la Ley de Asignaciones de 2025, medida que implica la congelación de parte de la ayuda económica destinada al país.
Según el secretario de Estado, Marco Rubio, la decisión responde a que las políticas antinarcóticos implementadas por el presidente Gustavo Petro han sido “desastrosas e ineficaces”, señalando una “falla demostrable” en el cumplimiento de sus obligaciones frente al control del narcotráfico, como lo había advertido previamente el expresidente Donald Trump.
“Estados Unidos no hará la vista gorda ante la complacencia y ánimo hacia los narcoterroristas por parte de Petro. Estamos determinados a llevar a los traficantes y terroristas ante la justicia y a impedir que drogas ilegales ingresen a nuestro país”, indicó Rubio en un comunicado oficial.
Sanciones individuales y respaldo institucional
El Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de la OFAC, incluyó en sanciones al presidente Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, por presunta participación en actividades relacionadas con el narcotráfico internacional.
No obstante, Washington aseguró que estas medidas no están dirigidas a las instituciones colombianas, sino que apuntan a lo que consideran la “incompetencia del gobierno actual”. Además, reafirmó su colaboración con las fuerzas de seguridad, el sistema judicial y las autoridades locales en la lucha contra el narcotráfico.
La decisión estadounidense representa un duro golpe político y económico para Bogotá, especialmente en un momento en que la cooperación internacional en materia de seguridad y drogas es clave para el país. Aunque la medida afecta únicamente a parte de la ayuda, la tensión diplomática entre ambos gobiernos se intensifica, dejando abierta la posibilidad de negociaciones futuras.
