El caso de Ligia Zulema Faerron Jiménez, la empresaria sancarleña desaparecida desde finales de setiembre, tomó un giro desgarrador este martes. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que las investigaciones apuntan a que la mujer ya no está con vida, y que el operativo actual tiene como propósito localizar su cuerpo.
Desde tempranas horas, la Policía Judicial ejecuta allanamientos en dos propiedades del cantón de San Carlos, con el apoyo de unidades caninas, especialistas en rastreo de restos humanos y fluidos biológicos. Una de las fincas intervenidas, ubicada en Javillos de Florencia, pertenece a la madrastra de un hombre que habría sido visto por última vez conduciendo el vehículo de la víctima.
Durante las diligencias, los agentes hallaron un anillo perteneciente a Faerron y una maleta que, según la hipótesis del OIJ, habría sido utilizada para cometer el crimen o trasladar evidencias.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, confirmó la sombría actualización del caso:
“En este momento lo que se está haciendo es la búsqueda de un cuerpo, ya que no creemos que podría tratarse de una persona viva. Si no se logra encontrar el cuerpo, el avance del caso sería muy limitado”.
Las autoridades mantienen bajo custodia a tres personas detenidas: un hombre de apellidos González López, señalado como principal sospechoso, y dos mujeres de apellidos Linares Rodríguez y Monterrey Linares, quienes habrían encubierto las pruebas.
Faerron, de 53 años, fue reportada como desaparecida el 1.º de octubre, aunque su familia no tenía noticias de ella desde el 26 de septiembre, cuando fue vista por última vez en su casa de Calle Lapas, San Carlos.
El caso es investigado por la Delegación Regional del OIJ de San Carlos en coordinación con la Unidad de Género de la Fiscalía, que busca fortalecer la acusación penal con la localización del cuerpo o de restos humanos que confirmen el crimen.
Mientras tanto, la comunidad sancarleña se mantiene consternada y en silencio, observando con esperanza cada paso de los equipos forenses que trabajan en los terrenos donde, según todo apunta, podría resolverse uno de los casos más dolorosos del año en la zona norte del país.
