La reciente y trágica muerte de una adolescente argentina tras la difusión de un video íntimo ha reabierto la dolorosa herida del «caso Iveco», la historia de Verónica Rubio, una trabajadora española de 32 años que en 2019 se quitó la vida después de ser víctima de un acoso laboral masivo por la viralización de una grabación sexual. Su caso conmocionó a España y se convirtió en la inspiración para la exitosa serie de Netflix, «Intimidad».
Una «guerrera» y una vida construida con esfuerzo
Verónica Rubio, descrita por sus amigos como «la mujer más fuerte que he conocido», era una madre de dos hijos, casada y con más de una década trabajando en una fábrica de camiones en Madrid. Había empezado desde abajo, como operaria, y con esfuerzo había logrado ascender, construyendo una vida estable para su familia, con la que estaba profundamente comprometida.
Pero esa estabilidad se hizo añicos a principios de mayo de 2019.
El infierno en un chat de WhatsApp: El acoso de 2.500 compañeros
Un video íntimo de Verónica, grabado cinco años antes en la esfera privada, comenzó a circular en un grupo de WhatsApp de la empresa. En cuestión de días, la grabación llegó a la gran mayoría de los 2.500 trabajadores de la fábrica. Lo que siguió fue un infierno de miradas lascivas, comentarios denigrantes y un juicio social implacable en su propio lugar de trabajo.
La presión se volvió insoportable. Verónica denunció la situación a Recursos Humanos, pero se negó a ir a la policía. La situación explotó cuando su esposo se enteró y, según testigos, la amenazó con divorciarse y quitarle la custodia de sus hijos. Al día siguiente, el sábado 25 de mayo, Verónica se quitó la vida.
Un caso cerrado sin culpables
La muerte de Verónica desató un escándalo. Los sindicatos acusaron a la empresa de no activar los protocolos contra la violencia sexual. La investigación policial, a pesar de interrogar a un exnovio que ella sospechaba, nunca pudo determinar quién fue la primera persona que compartió el video.
Un año después, la justicia española, incapaz de encontrar al culpable original y sin una denuncia formal de la víctima en vida, cerró el caso sin que nadie fuera responsabilizado.
En Costa Rica, la Ley de Delitos Informáticos penaliza la difusión de material íntimo sin consentimiento.
