La reciente intervención del Gobierno de Rodrigo Chaves en el acueducto municipal de Naranjo, llevada a cabo con el apoyo de más de 50 oficiales de la Fuerza Pública y funcionarios del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), ha generado un fuerte rechazo de parte de dos diputadas por Alajuela y de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).
El operativo ejecutado la mañana del sábado tuvo como objetivo conectar un proyecto habitacional denominado La Esperanza al acueducto gestionado por la Municipalidad de Naranjo. Sin embargo, esta acción ha sido calificada por la Municipalidad como una violación grave a la autonomía local, al derecho constitucional, al debido proceso y al derecho de defensa, razón por la cual ya ha presentado acciones legales contra el Ejecutivo.
Para la diputada Priscilla Vindas, del Frente Amplio, esta intervención representa un claro abuso de poder. “Creo que es una muestra de matonismo del presidente (Chaves). Creo que sienta un precedente nunca antes visto, porque si bien el AyA puede tomar la administración de un acueducto municipal, eso lleva un proceso, no es así a la brava ni porque ellos dicen,” manifestó la legisladora, según CRhoy. Vindas también advirtió que esta medida pone en riesgo el derecho al agua de los habitantes, dado que la conexión fue realizada sobre un acueducto financiado con recursos municipales y que aún recibe inversiones, como los ₡213 millones recientemente asignados para mejorar la infraestructura.
En términos similares, la diputada liberacionista Montserrat Ruiz denunció el operativo como un atropello al orden democrático y expresó su respaldo a las acciones legales que emprenda la Municipalidad. “Rechazo categóricamente esta demostración de fuerza arbitraria, que desconoce los procedimientos técnicos y jurídicos en curso, y que amenaza la seguridad hídrica de miles de familias naranjeñas,” indicó Ruiz en declaraciones a CRhoy. La diputada destacó además que la oposición no es al acceso a vivienda digna, sino a que este desarrollo respete la legalidad y los estudios técnicos necesarios para proteger a la comunidad.
Por su parte, la UNGL, a través de su presidente Juan Diego Gómez, condenó la actuación del Gobierno y respaldó al municipio. “Estamos frente a un trato arbitrario que atenta directamente contra la autonomía municipal. No se puede tolerar que desde el Gobierno Central se tomen decisiones de manera unilateral y al margen de los procesos judiciales vigentes. Este tipo de prácticas son un ataque al régimen municipal y generan un clima de confrontación en lugar de respeto y coordinación,” expresó Gómez, según reportó CRhoy.
Actualmente, existen recursos pendientes de resolución tanto en la Sala Constitucional como en el Tribunal Contencioso Administrativo relacionados con esta conexión. La intervención además causó daños en la infraestructura vial, incluyendo el pavimento y la calzada, debido al uso de maquinaria no autorizada para realizar la conexión a la tubería municipal.
