El fiscal general, Carlo Díaz, reiteró su convicción de que la investigación que respalda la acusación contra el presidente Rodrigo Chaves, por presunta concusión, se apoya en una base sólida. Aseguró que “la acusación no es por persecución política, sino un proceso objetivo”, con evidencia suficiente para ser llevada a juicio. Según Díaz, el caso se fundamenta en una pesquisa exhaustiva, que incluye testimonios, pruebas documentales y audios que vinculan a los acusados con los hechos investigados.
El proceso se encuentra inscrito en el expediente 25‑000019‑0033‑PE, actualmente en una fase cuya información no puede ser divulgada, conforme al artículo 295 del Código Procesal Penal.
La acusación fue remitida a la Asamblea Legislativa luego de ser avalada por la Corte Suprema, una decisión inédita en la historia institucional del país
Defensa de Villalobos y contradicciones en el testimonio
Por su parte, José Miguel Villalobos, abogado defensor de Chaves, planteó serias objeciones frente a los elementos probatorios. En audiencias ante la comisión legislativa que analiza el desafuero, indicó que existen contradicciones entre la acusación del fiscal y la declaración del publicista Christian Bulgarelli, pieza clave en el soporte del caso. Villalobos enfatizó que Bulgarelli declaró haber recibido la totalidad del pago de $405 000 y que fue informado después sobre la necesidad de entregarle $32 000 al asesor Federico “Choreco” Cruz, lo cual pone en duda la existencia de una “amenaza o presión” —elemento esencial para configurar el delito de concusión—
Villalobos cuestionó además las interpretaciones oficiales sobre posibles represalias, señalando que Bulgarelli incluso agradeció públicamente el “apoyo” del presidente en un mensaje del 31 de diciembre de 2022, lo que pone en duda que hubiese temor real
Renuncia al fuero: contraste entre Rodríguez y Chaves
Mientras que Jorge Rodríguez, entonces jefe de despacho del presidente, ya renunció voluntariamente a su fuero de improcedibilidad penal, Rodrigo Chaves se ha resistido a hacerlo. Díaz instó al mandatario a seguir el mismo camino, señalando que ambos deberían enfrentar el proceso penal sin inmunidad.
El Presidente justificó su negativa diciendo que “jamás” se desprendería de su inmunidad voluntariamente, argumentando que su situación difiere de la de Rodríguez; aseguró además que no teme a la acusación y que su conciencia está tranquila
Hechos y curso del proceso
La Fiscalía acusa a Chaves y a Rodríguez de ordenar que Bulgarelli entregara $32 000 al asesor Cruz, como condición para adjudicar a su empresa, RMC La Productora, un contrato de aproximadamente $405 000 con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Después de la aprobación por parte de la Corte Suprema, se formó una comisión legislativa de tres diputadas —Andrea Álvarez, Rocío Alfaro y Daniel Vargas— para evaluar si hay méritos para levantar la inmunidad de los jerarcas. El informe que emitan deberá ser votado por el Plenario Legislativo, donde se requieren 38 votos para proceder con el desafuero
