El proceso de extradición contra Celso Gamboa Sánchez en Estados Unidos sumó un nuevo capítulo con la incorporación de la llamada Prueba D, un apartado clave del expediente judicial que revela supuestos pagos multimillonarios al exmagistrado costarricense por coordinar cargamentos de droga a nivel internacional.
De acuerdo con un testimonio incluido en la acusación, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) documentó transferencias y entregas en efectivo que alcanzaron cifras exorbitantes, entre ellas un único depósito por 16 millones de dólares en México, realizado entre julio y agosto de 2021.
La ruta del narcotráfico que involucra a Gamboa
El expediente judicial detalla que Gamboa, señalado como líder de una estructura criminal con operaciones en Costa Rica, coordinaba la llegada de cocaína desde Colombia y Panamá. Posteriormente, los cargamentos eran enviados hacia Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos, donde la droga se distribuía en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Las Vegas, Boston y Atlanta.
Según las investigaciones, los precios por kilogramo de cocaína en el mercado estadounidense oscilaban entre $13.000 y $20.000, dependiendo del contacto y la ciudad de destino.
Pagos por transporte y vínculos con gobiernos
Testigos colaboradores aseguraron que, entre 2020 y 2022, los pagos por cada traslado de droga iban de $200.000 a $600.000, dependiendo de la cantidad movilizada. En uno de los envíos más grandes, un traficante identificado únicamente como “Allan” habría coordinado la distribución de 1.000 kilos de cocaína, lo que generó los mencionados $16 millones en ganancias.
Otro punto delicado en el expediente es la supuesta red de contactos políticos y gubernamentales que Gamboa habría utilizado en Costa Rica para garantizar el “paso seguro” de los cargamentos, ya sea por el Caribe o el Pacífico. El propio acusado, según el FBI, aseguraba a sus socios que “la recepción de la cocaína está 100% garantizada”.
El contexto judicial
La acusación contra Gamboa se enmarca en la solicitud formal de extradición hecha por Estados Unidos, donde se le vincula con una red de tráfico internacional conectada al Clan del Golfo en Colombia. La prueba D es parte de un paquete de evidencias entregadas por la Fiscalía estadounidense al Tribunal Penal de San José, en un proceso que podría marcar un precedente en la historia judicial costarricense por tratarse de un exmagistrado de la Corte Suprema.
Consecuencias políticas y sociales
Este caso, además de su impacto judicial, tiene implicaciones profundas para la credibilidad institucional del país. El señalamiento de que un exjerarca judicial habría facilitado operaciones del narcotráfico pone sobre la mesa la discusión sobre la penetración del crimen organizado en estructuras estatales.
Expertos consultados coinciden en que, de confirmarse los vínculos, el caso Gamboa podría convertirse en uno de los procesos más emblemáticos para evidenciar la relación entre
