El Departamento del Tesoro de Estados Unidos destapó este lunes un escándalo sin precedentes en Costa Rica. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez utilizó sus contactos dentro del gobierno costarricense para informar a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, sobre los operativos policiales que buscaban detenerlo.
Gracias a esas filtraciones, Arias —jefe de una violenta estructura criminal y considerado el fugitivo más buscado en el país— logró mantenerse en fuga, pese a tener múltiples órdenes de captura.
Un fugitivo con recompensa internacional
La DEA confirmó que “Diablo” lidera una organización transnacional que mueve cargamentos de cientos de kilos de cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos, utilizando rutas que atraviesan Costa Rica, Honduras, Guatemala y México.
El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta $500.000 (unos ₡260 millones) por información que permita dar con su paradero o condena, bajo el Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP).
Según las agencias estadounidenses, la red de Arias no solo trafica drogas, sino que también utiliza las redes sociales para intimidar a la población costarricense, publicando videos de asesinatos, fotos de armas de alto calibre y mensajes amenazantes contra líderes políticos y ciudadanos.
Socios en negocios ilícitos
El informe de OFAC vincula a Gamboa como socio comercial de Arias y de otros tres conocidos narcotraficantes:
- Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”.
- Edwin López Vega, alias “Pecho Rata”.
- Alejandro James Wilson, alias “Turesky”.
Todos ellos, junto con el bufete de Gamboa y el club Limón Black Star FC, fueron incluidos en la lista negra de sanciones de EE. UU., lo que implica el bloqueo de bienes, cuentas bancarias y activos en territorio estadounidense.
Violencia en aumento
El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, advirtió que los carteles vinculados a estos costarricenses “están envenenando a los estadounidenses y aumentando la violencia en la región”.
La situación en Costa Rica preocupa particularmente en la provincia de Limón, donde la apertura del megapuerto de Moín en 2019 intensificó la lucha por controlar la salida de cocaína hacia Europa y Estados Unidos.
De hecho, los reportes de seguridad señalan que 2024 fue el segundo año más violento en la historia del país, y que los primeros meses de 2025 apuntan a cifras similares, impulsadas por la disputa entre estructuras criminales.
Impacto inmediato
Las sanciones de la OFAC tienen un efecto expansivo: cualquier persona, empresa o institución financiera costarricense que mantenga relación con los sancionados arriesga el bloqueo de sus propios activos en el sistema financiero internacional.
Esto significa que bancos, patrocinadores deportivos, proveedores y hasta aliados políticos podrían quedar expuestos si no rompen vínculos con los señalados.
