El Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea ordenó a la Municipalidad de Garabito suspender de inmediato cualquier intento de derribar la aguja ubicada en la entrada del complejo Punta Leona Beach Club & Nature Resort, así como impedir la apertura del camino que atraviesa esa propiedad privada.
La medida cautelar también cubre cualquier demolición de estructuras pertenecientes a las sociedades Real de Punta Leona S.A., Punta Leona Beach and Nature Resort S.A. y Leona Logistics S.A.
Derecho de propiedad y falta de sustento legal
En su resolución, el Tribunal confirmó que el caso se enmarca en la protección del derecho constitucional a la propiedad privada, establecido en el artículo 45 de la Constitución Política. Además, recordó que las municipalidades están obligadas a actuar bajo el principio de legalidad, algo que —según el fallo— no ocurrió en este caso.
Uno de los puntos centrales fue que no existió un acto administrativo formal que respaldara las acciones del alcalde. Incluso, el 2 de julio de 2025, este se presentó en el sitio con funcionarios municipales y miembros de la Fuerza Pública, advirtiendo verbalmente que la aguja sería demolida, a pesar de que la ley exige notificaciones por escrito.
Ruta alterna a Playa Blanca
El Tribunal recalcó que existe un acceso alterno a Playa Blanca que no atraviesa la propiedad privada, algo que la misma Municipalidad reconoció ante la Sala Constitucional en el expediente 23-004285-0007-CO y que también fue confirmado en una sentencia de 2023.
Esto refuerza que no se compromete el interés público al mantener la aguja en su lugar.
Actuaciones consideradas “vías de hecho”
La resolución también señala que las acciones municipales fueron catalogadas como “vías de hecho”, ya que pretendían demoler y abrir un camino en una zona sin certeza de ser pública, sin procedimiento administrativo previo y sin garantizar el derecho de defensa de los propietarios.
El Tribunal advirtió que, de no haberse frenado, estas intervenciones habrían generado un daño irreparable, tanto por la naturaleza de las estructuras como por su importancia para el desarrollo turístico local.
Postura del complejo hotelero
Miguel Fernández, gerente general de Punta Leona Beach Club & Nature Resort, manifestó que este conflicto no se trata de oponerse al acceso a las playas, sino de defender que se hagan las cosas conforme a la ley.
“El acceso público a las playas es un derecho, pero las luchas por garantizarlo deben darse con apego al ordenamiento jurídico, evitando discursos que promuevan la confrontación y la desinformación”, afirmó.
Ahora, se espera la reacción oficial de la Municipalidad de Garabito ante este revés judicial.
