El caso del niño de 7 años mordido por un perro dentro de Multiplaza Escazú sigue generando indignación y debate en redes sociales. La denuncia de la madre, quien asegura que no hubo protocolos claros ni respuesta inmediata tras el ataque, ha puesto en la mira tanto al dueño del animal como al centro comercial.
El hecho ocurrió el pasado sábado 10 de agosto, alrededor de las 7:15 p.m., cuando un perro de raza pitbull descendía por las escaleras eléctricas y, según el relato de la madre, mordió al menor sin provocación. El niño sufrió una herida abierta que requirió atención médica y quedó en estado de shock.
De acuerdo con testigos, el perro no portaba bozal y sus dueños abandonaron el lugar sin asumir responsabilidad. La madre también denunció que la ambulancia tardó cerca de 30 minutos en llegar y que el personal de seguridad no supo indicarle si existía un protocolo para atender emergencias de este tipo en un lugar “pet friendly”.
Lo que dice la ley en Costa Rica
Según abogados consultados, el dueño del perro podría enfrentar responsabilidad penal por lesiones culposas (artículos 128 y siguientes del Código Penal) y por omisión de auxilio (art. 144), dado que huyó del lugar sin ayudar a la víctima. Si las lesiones son catalogadas como graves, las penas podrían aumentar.
En la vía civil, el dueño sería responsable de todos los gastos médicos, terapias, daños morales y perjuicios ocasionados, conforme al artículo 1045 del Código Civil y la Ley de Bienestar Animal. Esto incluye tanto el daño físico como el trauma emocional que pueda sufrir el menor.
El papel del centro comercial
El centro comercial también podría enfrentar consecuencias en la vía civil bajo el principio de culpa in vigilando. Esto significa que, si se demuestra que no había protocolos claros, personal capacitado o medidas preventivas —como exigir bozal a perros grandes o catalogados como potencialmente peligrosos—, podría ser considerado responsable solidario de los daños.
En casos excepcionales, si se prueba que hubo un deber legal incumplido y que esto permitió o agravó el ataque, se podría investigar una omisión impropia en el ámbito penal. No obstante, este tipo de imputaciones suelen dirigirse contra personas físicas, como gerentes o encargados de seguridad, y no directamente contra la empresa.
Un caso que podría sentar precedente
La madre del menor presentó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contra el propietario del perro y contra Grupo Roble, empresa administradora de Multiplaza. También señaló que las cámaras de seguridad grabaron el momento del ataque, pero que el centro comercial se negó a entregar el material sin una solicitud formal de las autoridades.
“Esto no debería pasarle a ningún niño. Hoy fue mi hijo, mañana puede ser cualquiera. Necesitamos que se regulen y establezcan reglas claras para estos espacios”, declaró.
El caso no solo busca justicia para el menor, sino que podría convertirse en un precedente para exigir regulaciones más estrictas en espacios comerciales que permiten el ingreso de mascotas.
