La Asamblea Legislativa enfrenta un nuevo episodio de controversia tras una denuncia presentada por la diputada oficialista Ada Acuña ante la Procuraduría de la Ética Pública. La legisladora asegura que, dentro del Congreso, se han realizado nombramientos con presuntas irregularidades que podrían vulnerar los principios de la función pública.
Los señalamientos: cargos “a la medida” para familiares y allegados
Acuña cuestiona directamente la actuación de la Gerencia General, el Departamento de Recursos Humanos y la secretaría del Directorio Legislativo, indicando que existe un conflicto de intereses en la forma en que se han otorgado ciertos puestos.
Entre los señalados, menciona a los congresistas Melina Ajoy, María Marta Carballo y Carlos Felipe García, quienes han ocupado la secretaría del Directorio y son miembros del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
“Hay que poner un alto a este festín de nombramientos. Hijos, esposos, hermanos, amigos y familiares de funcionarios y diputados con trajes a la medida para ser nombrados… ¡Es una espiral de corrupción!”, expresó Acuña.
La respuesta del PUSC: “Denuncia con fines politiqueros”
La fracción socialcristiana respondió a los señalamientos mediante un comunicado oficial, donde rechazó tajantemente las acusaciones y calificó la denuncia como una maniobra con motivaciones políticas.
“Durante los años 2022, 2023 y 2024, todos los nombramientos se realizaron conforme a derecho, respetando los procedimientos establecidos. No existió ninguna actuación indebida ni fuera del marco legal”, indica el documento.
Asimismo, el PUSC afirmó estar dispuesto a colaborar con las autoridades en cualquier proceso de investigación que se derive de la denuncia.
